p10-KM_gasoleo

Hace justo dos años, el Tribunal de Justicia Europeo declaró ilegal el impuesto que veníamos denominando céntimo sanitario por considerarlo contrario a la normativa comunitaria (además de otras consideraciones que hizo en su sentencia el Tribunal Europeo muy interesantes sobre la actitud de abuso, negligencia y abandono de sus obligaciones con sus ciudadanos por parte de nuestros sucesivos Gobiernos desde la implantación del céntimo sanitario en 2002).

Os vamos a recordar que el Ministerio de Hacienda decidió por su cuenta y riesgo dar un importante recorte a las cantidades susceptibles de devolución, que no habían prescrito, es decir las que iban de 2010 a 2012 (en 2013 el céntimo sanitario ya había pasado a mejor vida conocedores de la que se les venía encima) y que solo la amenaza de un paro total del transporte, una de las pocas veces en las que todo el sector se ha puesto de acuerdo, le hizo dar marcha atrás y devolver las cantidades en su totalidad, siempre que se justificaran con las correspondientes facturas. No es que lo pusiera luego muy fácil para realizar el procedimiento de reclamación, pero, bueno, se ha ido haciendo más o menos bien.

Pero, además de poder reclamar lo no prescrito, como la sentencia del Tribunal Europeo dejaba bien claro que el Estado era responsable por la pésima, negligente y abusiva actitud de nuestros Gobiernos con respecto al céntimo sanitario, la puerta para iniciarse la reclamación patrimonial contra el Estado por los daños por la mala legislación del Gobierno estaba abierta. Y así, una vez realizadas las reclamaciones por las cantidades no prescritas del céntimo sanitario, se empezaron a gestionar las reclamaciones por la responsabilidad patrimonial del estado por los periodos prescritos, es decir, de 2002 a 2009, ambos incluidos. Eso sí, era necesario conservar las facturas de esos años para poder reclamar las cantidades pagadas en esos tiempos por céntimo sanitario.

Una vez más, nuestro Ministerio de Hacienda (“Hacienda somos todos” ha quedado claro recientemente en un proceso judicial abierto en nuestro país es mucho más que una frase publicitaria, o debería serlo) en febrero de 2015 formaliza un Acuerdo de Ministros en el que se plantea el no responder a esta responsabilidad patrimonial del Estado.

Pero, los transportistas no se dan por vencidos y recurren al Tribunal Supremo, que en enero de este año, da por buenos los recursos planteados por unos cuantos transportistas contra este Acuerdo de Ministros de 27 de febrero de 2015, que se anula, por no ser conforme a nuestro ordenamiento jurídico y estima la responsabilidad patrimonial del Estado y su obligación de hacer frente a las reclamaciones que por ella se planteen en relación con el céntimo sanitario

La semana pasada, el Tribunal Supremo emitió la sentencia declarando esta nulidad y las cantidades que corresponde devolver a cada transportista y, lo más importante, estas sentencias son jurisprudencia, es decir a partir de ahora el Estado tiene que hacer frente a la responsabilidad patrimonial por el céntimo sanitario cuando quede acreditado por parte del reclamante sí o sí.

De las cantidades que resulten a devolver por responsabilidad patrimonial, la Agencia Tributaria podrá deducir las cantidades ya abonadas, si es que se han devuelto las de algún ejercicio por ingresos indebidos, o lo que se haya devuelto de esos años en concepto de gasóleo profesional.

Realmente solo podemos felicitarnos porque, aunque sea 14 años tarde, la justicia ha dado la razón a los transportistas en su oposición frontal desde el principio y en su largo camino judicial contra el céntimo sanitario.