Recientemente Bruselas ha instado al Gobierno español a considerar una serie de medidas para reducir el déficit y contribuir en serio a la salida de la recesión.
Todo parece indicar que a Bruselas se le ha acabado la paciencia en relación con algunas medidas que considera prioritarias que debe adoptar nuestro Gobierno y que éste está demorando, como puede ser la reforma del sistema de pensiones (al gusto comunitario), una reforma fiscal (al gusto comunitario y de numerosos expertos españoles) y una reforma de la estructura del Estado (algo que ya piden a gritos dentro y fuera de nuestra fronteras). Pero, el presidente del Gobierno ya ha desmentido que esta información que transmiten todos los diarios económicos sea una imposición, sino más bien una posibilidad, una recomendación.
Entre las reformas urgentes y para las que se ha puesto fecha están: completar la reforma laboral incidiendo especialmente en la creación de empleo; abordar una reforma definitiva del sistema de pensiones; revisar el sistema tributario y subir el IVA; acelerar la puesta en marcha de la Ley de Unidad de Mercado y la reforma de los Servicios Profesionales; ajustar el gasto de las Administraciones Públicas mediante un ajuste de la estructura de las mismas y finalmente atajar el déficit de tarifa en el sector energético.
Vamos a detallar un poco las que más nos pueden afectar. Por ejemplo, en relación con el IVA, lo que se nos pide es que se bajen aquellos impuestos que más daño hacen a los ciudadanos (por su pérdida de capacidad adquisitiva) y que más perjudican el crecimiento económico, y estos son los impuestos directos, el IRPF y el Impuesto de Sociedades; mientras que hay margen para subir aquellos impuestos que no son tan lesivos, los indirectos, destacando el IVA y los Impuestos Especiales. En este sentido, desde Bruselas se acusa al Gobierno de mantener demasiados productos y servicios en un IVA reducido (10%) que deberían estar gravados al 21%.
También en Bruselas se insiste en subir el impuesto de hidrocarburos, lo que redundaría en un aumento del precio de los carburantes, algo a lo que de momento el ejecutivo español se niega, afirmando que subirá los impuestos del alcohol y tabaco. Otra recomendación es que se grave con una tasa medioambiental los hidrocarburos, a lo que el Gobiernos español también se niega porque afirma tener margen en otros impuestos (lo que no sabemos es en cuáles).
En relación con la reforma de las pensiones, a Bruselas no le gusta nada la reciente reforma que se hizo, entre otras cosas porque da periodos transitorios demasiado largos en relación con el aumento de la edad de 65 a 67 años para tener derecho a jubilarse así como en el periodo que se aumentará el periodo cotizado necesario para tener derecho de 15 a 25 años. Además, Bruselas entiende que cualquier sistema de pensiones debe ir ligado a un criterio de sostenibilidad y el sistema español no lo está. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que tanto la edad de jubilación como la cuantía de la pensión tienen que ir ligados a la esperanza de vida del país y a la situación económica del mismo. Ambos criterios, en la actualidad, penalizan muy seriamente a todos nuestros pensionistas actuales así como a los que estén próximos a pasar a esta situación.
En relación con la reforma laboral, Bruselas está esperando a conocer los resultados de la evaluación que de la aplicación e la misma se viene haciendo en relación con su incidencia en la creación de empleo, sobre todo juvenil. Y es que en Europa no entienden que a pesar de la recesión en España se siga destruyendo empleo (estamos en 6.200.000 desempleados lo que supone ya un 27% de la población activa y si hablamos de jóvenes el porcentaje es del 57%). De la evaluación que se presente en los próximos meses, el Gobierno español debe extraer conclusiones para mejorar y modificar aquellos aspectos de su reforma laboral que se manifiesten incapaces de servir al objetivo para el que se crearon.
¿Y qué decir de la necesaria dieta de adelgazamiento de la estructura del Estado? Pues que con un tabú hemos debido topar. Y Bruselas ya ni entiende ni tiene paciencia en este punto, puesto que desde el principio de la legislatura el actual Gobierno lleva prometiendo a todos una reforma de la estructura del Estado. Bruselas quiere que se cumpla el calendario en relación con la prometida reforma de la administración local y que en octubre de 2013 se presente un plan de aumento de la eficiencia de la administración pública (lo que pasa por un importante adelgazamiento de la misma, eliminación de duplicidades, triplicidades, etc.)
