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Montoro no se compromete con la morosidad

Escrito por Marisa del Monte
En Actualidad del transporte
Feb 13th, 2015
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Montoro no se compromete con la morosidad en la III cumbre contra la morosidadEl interés suscitado por la III Cumbre político-Empresarial contra la morosidad, que organiza la Plataforma Multisectorial de Lucha contra la Morosidad, de la que forma parte FENADISMER,  reunió el pasado martes en Madrid a numerosos empresarios, representantes de las principales organizaciones empresariales de diferentes sectores y a políticos. Todos ellos unidos con el lema “Tolerancia cero con la morosidad”.

Una vez más la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, organizadora y convocante del evento, puede sentirse satisfecha por el enorme respaldo tanto particular como institucional recibido para la celebración de su III Cumbre político-empresarial contra la morosidad. Pero, esta vez hay que poner un pero, por desgracia para todos los empresarios de este país, no se pudo obtener el compromiso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien clausuró la jornada, a poner en marcha el anhelado Régimen Sancionador de la Ley de la Morosidad.

Esta III Cumbre celebrada bajo el lema “Tolerancia cero con la morosidad”  ha contado con la participación de los principales representantes empresariales de las organizaciones de pymes y autónomos, entre ellas FENADISMER, representada por su Presidente  Julio Villaescusa, de los principales grupos parlamentarios a través de sus Portavoces de Economía, de la Comisión Europea, representada por la Directora de Emprendeduría y Pymes,  Joanna Drake y del Ministro de Hacienda,  Cristobal Montoro, quien ha clausurado la Cumbre

La celebración de la I Cumbre culminó con la publicación de la Ley de Morosidad (que no se cumple como bien es sabido debido a la inexistencia de un Régimen Sancionador que penalice a los incumplidores); la II Cumbre culminó con la promesa de Cristóbal Montoro de elaborar y poner en marcha un régimen sancionador para los incumplidores. A iniciativa de Convergencia i Unió se presentó esta propuesta de Ley de Régimen Sancionador, que apoyaron todos los partidos políticos menos el Partido Popular, que cuenta con mayoría parlamentaria, por lo que no salió adelante.

En la III Cumbre contra la morosidad, Montoro reconoció el enorme perjuicio que la morosidad hace en el tejido productivo, cómo merma la rentabilidad de las empresas, pequeñas, medianas y autónomos los más perjudicados, y afecta negativamente a la competencia, siendo considerada por muchos una práctica más de competencia desleal, ya que el que paga tarda no recibe castigo y se beneficia del que paga pronto. Pero, ahora, el partido en el Gobierno ha decidido que no es el momento de sacar adelante un régimen sancionador para atajar la morosidad ya que podría perjudicar, afirmó Cristóbal Montoro, precisamente a aquellos a los que se quiere proteger, las pymes y autónomos. ¿Cómo? Pues, según las cuentas del Ministro de Hacienda, si proteges en exceso a los autónomos y pymes (¿obligar a pagar en  30 o 60 días es proteger en exceso?),  el efecto que se conseguirá es que las grandes empresas se lo piensen dos veces a la hora de contratar con ellos. La perversidad del sistema en todo su esplendor: protegemos a los incumplidores de la ley para no perjudicar aún más a los más débiles de la cadena, ya que es mejor que tengan trabajo y lo cobren  tarde, mal y nunca que el que no les contraten.

Todos los representantes de todas las organizaciones empresariales presentes elevaron su voz contra la lacra de la morosidad y la imperiosa necesidad de establecer medidas coercitivas contra ella, mientras tanto poco más se va a avanzar.

Las principales reivindicaciones presentadas por la Plataforma pueden concretarse en las siguientes:

  • Aprobación e implantación de un Régimen Sancionador que garantice el cumplimiento de los plazos de pago consignados en la ley.
  • Creación de un Observatorio contra la Morosidad con el objetivo de llevar a cabo no sólo un análisis estadístico de la morosidad, sino de las causas que lo originan a fin de adoptar las medidas correctoras necesarias.
  • Puesta en marcha de procedimientos extrajudiciales rápidos y económicos, alternativos a las reclamaciones judiciales, en muchos casos disuasorias por la lentitud y coste de las mismas.
  • Reforma normativa del IVA, con la finalidad de introducir  un régimen que constituya una alternativa real y eficaz a la obligación de anticipar el IVA de facturas no cobrables.

 

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