El pasado mes de Septiembre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social levantó un acta contra el transportista granadino cuyo conductor fue asesinado por un policía autonómico vasco en la autovía A-15 a su paso por Navarra. La razón aducida era la evaluación de riesgos psicosociales realizada al conductor para prevenir dicho accidente laboral, pese a reconocer que el policía “sacó una pistola, disparando y matando al trabajador”.
Sin embargo, sorprendentemente, la Inspección de Trabajo sanciona al transportista al entender que “no ha considerado de forma exhaustiva el estrés derivado de la conducción en su evaluación de riesgos”. Así, en el acta se fundamenta la sanción impuesta en que “los conductores de mercancías por carretera están expuestos a un estrés laboral derivado de las horas de conducción, las horas que pasan fuera de sus ciudades y fuera de sus casas”. Por ello, la Inspección considera que la evaluación de riesgos así como la formación impartida al conductor fallecido por parte del empresario transportista no fue suficiente, ya que carecía de una evaluación específica de riesgos psicosociales, en la que debería haberse incluido la evaluación de los riesgos derivados de la “violencia en el trabajo”, entre otras “la violencia externa o de terceros, que es la que puede darse con respecto a personas que no prestan servicios en el centro de trabajo, es decir, clientes, usuarios o terceros sin relación con la empresa”.
Con estos argumentos como base, el Gobierno de Navarra ha acordado confirmar la sanción propuesta por la comisión de una infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales, imponiendo una multa de 2.046 euros.
La asociación territorial de FENADISMER en Granada, de la que es miembro el transportista asociado, ha acordado interponer el correspondiente recurso frente a la resolución sancionadora, al considerarse injusta y arbitraria la sanción impuesta.
