Con el registro de una Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad en el Congreso de los Diputados por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tal y como se comprometió Albert Rivera durante la Cumbre contra la Morosidad organizada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad de la que forma parte FENADISMER, un régimen sancionador contra la morosidad ya es posible.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, de la que forma parte activamente FENADISMER, lleva años reclamando la imposición de un régimen sancionador contra las empresas que incumplen los plazos legales de pago, porque de nada sirve establecer un plazo de pago si no se penaliza a las empresas que no lo cumplen. Y que solo en el transporte, según los datos del Observatorio de la Morosidad que elabora mensualmente FENADISMER en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte, un 70% de los clientes de los transportistas no pagan en los plazos legales (en abril, la media de días de pago está situada en 85 días).
En abril, la Plataforma contra la Morosidad celebró, como todos los años, su Cumbre contra la Morosidad en la que los diversos representantes políticos que acudieron de los diferentes partidos políticos se comprometieron a poner en marcha medidas contra la morosidad, entre ellas la elaboración de un Régimen Sancionador contra las empresas incumplidoras de los plazos legales.
En cuanto a los plazos, según la última reforma de la Ley de Lucha contra la Morosidad el plazo legal de pago son 30 días desde la entrega del bien o la prestación del servicio, prohibiendo en todo caso un plazo de pago superior a 60 días.
La Proposición de Ley presentada por Ciudadanos expone que la morosidad en España es el doble que en los países de la Unión Europea, lo que ha permitido que «las grandes empresas se hayan financiado a costa de las pequeñas y medianas» muchas de las cuales han tenido que cerrar por falta de liquidez como consecuencia de la morosidad.
La Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos además de establecer un régimen sancionador, contempla el mecanismo de arbitraje para agilizar los pagos, así como un sistema obligatorio de publicación de los datos de tiempos de pago y la creación de un Observatorio de seguimiento de implentación y aplicación de la Ley.
Todo ello forma parte del paquete de medidas que la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad lleva años reclamando al Gobierno. Y ahora, la Plataforma es optimista y confía en el apoyo de los diferentes grupos políticos a esta iniciativa legal como se comprometieron sus representantes durante la Cumbre (PP, PSOE, PODEMOS, ERC y PDCAT) de forma que antes de que acabe el año la Ley pueda ser aprobada.
