El Acuerdo Verde Europeo obligará al transporte a reducir más las emisiones de CO2 para conseguir que Europa sea en 2050 el primer continente neutral en las emisiones que afectan al clima. Este Acuerdo va a suponer, con casi total seguridad, que en 2021 se endurezca la normativa europea que regula las emisiones de CO2 de las furgonetas y que en 2022 se haga lo mismo con los camiones.

La Comisión Europea presentó el miércoles 11 de diciembre el Acuerdo Verde Europeo (European Green Deal), un documento que pasó casi desapercibido al coincidir su divulgación con la celebración de la Cumbre del Clima COP25 en Madrid y que obligará al transporte a reducir las emisiones de CO2.

Un documento que, sin embargo, tiene una gran relevancia para el transporte por carretera ya que recoge las principales estrategias que la UE debería desarrollar durante las dos próximas décadas, para conseguir ser en 2050 el primer continente neutral en las emisiones que afectan al clima y el medioambiente, y para hacerlo de manera que sea “una transición equilibrada y justa para todo el mundo”, según se afirma en su introducción.

El Acuerdo Verde Europeo cubre todos los sectores de la economía: el transporte, la energía, la agricultura, la edificación y las industrias más contaminantes (acero, cemento, textil, química, etc.). Y, como era de esperar, en esta “hoja de ruta” elaborada por la Comisión Europea, las medidas que van a afectar al transporte por carretera ocupan un lugar destacado.

De entrada, se deja claro que se van a proponer nuevas normativas más estrictas para regular las emisiones de CO2 de los vehículos con motor de combustión, endureciendo los objetivos de emisiones establecidos para 2030; objetivos que se han fijado este mismo año, a principios de 2019. En este sentido, como paso intermedio antes de 2050, en el Acuerdo se propone conseguir en 2030 una reducción de las emisiones del 50% o incluso del 55%, cuando el objetivo que se había marcado hasta ahora la UE para ese año era del 40%.

El Acuerdo Verde Europeo obligará al transporte a reducir más las emisiones de CO2

La normativa de emisiones de CO2 puesta en marcha este año ya dejaba la puerta abierta a que, en junio de 2021, la Comisión revisara la legislación que afecta a automóviles y furgonetas. En el Acuerdo se afirma que se va a aprovechar esta revisión para que, a partir de 2025 quede perfectamente definido para automóviles y furgonetas “el camino hacia la movilidad de cero emisiones”.

La normativa actual establece que las emisiones de CO2 de las furgonetas nuevas tienen que reducirse en un 15% de aquí a 2025 y en un 31% de aquí a 2030. Evidentemente, con el nuevo planteamiento de la Comisión, en la revisión de la normativa en junio de 2021 la reducción del 31% prevista para 2030 se incrementará significativamente: el Acuerdo Verde Europeo obligará al transporte a reducir más las emisiones de CO2

En lo que respecta a los camiones, el Acuerdo Verde Europeo abre la puerta a que se considere “la posibilidad de aplicar el comercio europeo de emisiones al transporte por carretera, pero como un complemento de las normas de emisiones de CO2 existentes y futuras”; en esta última palabra está la clave de lo que pueda pasar en los próximos años. La legislación actual marca para los vehículos pesados una reducción de las emisiones de CO2 del 15% para 2025 y del 30% para 2030, en relación con los vehículos comercializados durante 2019. Y fija para 2022 la revisión del límite establecido para 2030.

En definitiva, la Comisión tiene claro el nuevo camino (más exigente) que van a tener que tomar las furgonetas, mientras que para los camiones las intenciones no están tan definidas, aunque no se van a librar de tener que conseguir algún recorte extra de sus emisiones.

Aclarar que el comercio de emisiones permite que una entidad que haya emitido menos emisiones de las exigidas por la normativa venda ese “bonus” a empresas cuyas emisiones sean superiores a los límites legales y, con esta compra, la empresa contaminante compense su mayor nivel de emisiones.

Revisión a peor de la Euroviñeta y fiscalidad de los combustibles

Por otra parte, en el Acuerdo Verde Europeo también se señala que se van a revisar las normativas que regulan la fiscalidad de los combustibles (en este caso, aviones y barcos serían los más perjudicados) y, por supuesto, la Directiva de la Euroviñeta, para que “refleje el impacto que el transporte tiene sobre el medio ambiente y la salud”. La Euroviñeta se encuentra actualmente en proceso de revisión. La Comisión propone detener esta revisión y plantear unos nuevos objetivos más ambiciosos, acordes con los nuevos planteamientos de reducción de emisiones. Es decir, que se quiere endurecer todavía más, siguiendo el lema: “el que contamina, paga”.

Paralelamente, la UE va a trabajar para aumentar la producción y el despliegue de combustibles alternativos sostenibles para el transporte, pero no se “moja” diciendo cuáles. En el Acuerdo se señala que para 2025, se necesitarán alrededor de un millón de estaciones públicas de recarga y reabastecimiento de estos nuevos combustibles para los 13 millones de vehículos con cero y bajas emisiones que se esperan en las carreteras europeas.

La Comisión tiene la intención de apoyar este despliegue de puntos públicos de recarga y reabastecimiento de combustible, facilitando financiación y subvenciones. También apoyará el desarrollo de la conectividad y la implantación de sistemas inteligentes de gestión del tráfico que ayuden a reducir la congestión.

Y como también era previsible, una de las medidas que se propone en el Acuerdo Verde Europeo para reducir las emisiones de CO2 de la carretera es el trasvase de mercancía hacia el ferrocarril, una propuesta que se ha intentado poner en marcha en repetidas ocasiones durante las últimas décadas, pero que hasta ahora no ha funcionado.

El objetivo que se plantea ahora la Comisión es nada más y nada menos que desviar al tren y la navegación fluvial el 75% de la carga que ahora se transporta en camión. En 2021 la Comisión quiere tener lista una propuesta que permita mejorar y aumentar la capacidad de los ferrocarriles y las vías navegables interiores.

Como hemos visto, las medidas que se proponen en el Acuerdo afectan significativamente a la carretera, pero los demás modos de transporte no se van de rositas. La Comisión Europa señala que, para lograr la neutralidad en emisiones en 2050, la carretera, el ferrocarril, la aviación y el transporte fluvial tienen que reducir sus emisiones en un 90%. Es decir, no hay que llegar a emisiones cero, pero casi.

La neutralidad en emisiones se consigue cuando se emite la misma cantidad de CO2 a la atmósfera que la que se retira por otras vías, lo que deja un balance cero, también denominado huella cero de carbono.

Finalmente, la Comisión es consciente de que el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo Verde Europeo requerirá una inversión significativa. La Comisión presentará a principios de 2020 un plan de inversión que debería ayudar a alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050. La previsión es que al menos el 25% del presupuesto a largo plazo de la UE se dedique a este objetivo.

Tramitación política del Acuerdo Verde Europeo

Tras la presentación el miércoles 11 de diciembre del Acuerdo Verde Europeo por la Comisión Europea, se emprendió una tramitación contrareloj que permitiera poner en marcha el Acuerdo mientras se estuviera celebrando todavía la Cumbre del Clima COP25 en Madrid, y así meter un poco de presión al resto de países (lo que al final no ha servido de nada). Finalmente, en la madrugada del jueves al viernes se consiguió el aval del Consejo Europeo, el órgano de la UE en el que cada estado miembro defiende sus posiciones e intereses.

Polonia, que ya vetó en junio de 2019 otra iniciativa para alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050, ha sido el país más reacio a la hora de aceptar el Acuerdo. Lo ha hecho a cambio de incluir una acotación en el Acuerdo, en la que se señala que Polonia “en estos momentos, no puede comprometerse a cumplir el objetivo“. El argumento que ha logrado que Polonia no frenara en seco el arranque del Acuerdo ha sido la creación de un fondo dotado con 100.000 millones de euros para ayudar a las regiones con mayores problemas de adaptación al recorte de emisiones (unas cuantas están precisamente en Polonia, muy dependientes del carbón).

La aceptación por parte del Consejo Europeo supone la puesta en marcha de toda la maquinaria comunitaria encargada de elaborar las propuestas normativas que deberían permitir que Europa sea en 2050 el primer continente neutral en las emisiones que afectan al clima y el medioambiente. Luego, para que sean aprobadas, habrá que conseguir el consenso de todos los países miembros, tarea que ya se anticipa que va a ser ardua y compleja… como ya ha quedado patente con la actual tramitación del Paquete de Movilidad.