El posible establecimiento de peajes en las vías de gran capacidad españolas no era una de las máximas preocupaciones del sector, hasta hace una semana, cuando el Ministro de Fomento, José Luis Ávalos, regalando el oído a las constructoras y concesionarias, e ignorando a uno de los sectores que representa, el transporte, anunció el posible establecimiento de peajes.

Ahora, se ha confirmado, el Gobierno quiere peajes por uso de infraestructuras antes de acabar la legislatura, en junio de 2020.

Unos días antes de este anuncio, SEOPAN, la patronal de las grandes constructoras, algunas de ellas concesionarias de autopistas de peaje, pedía, por enésima vez, la instauración de peajes en autovías y autopistas con concesiones a 25 años, además de un peaje “inteligente” para la entrada y salida de las grandes ciudades, digamos Madrid y Barcelona.

El gobierno quiere una tasa por uso de infraestructuras antes de 2020

Las razones de las constructoras están claras: si no hay dinero no hay inversión en obra pública. Y ya han manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de dinero para que el Gobierno de turno realice obra pública de la que se benefician directamente sus empresas. Que pueden ser infraestructuras para el transporte por carretera o no.
Hoy, un alto cargo del Ministerio de Fomento ha manifestado la intención del Gobierno actual de tener listo un modelo de peajes por el uso de vías de alta capacidad, autovías y autopistas, antes de que acabe la legislatura, es decir, antes de junio de 2020.
Para ello, proponen la creación de una comisión en el Congreso de los Diputadosen el que estén representados todas aquellas instituciones, administraciones y sectores que puedan tener algún interés, desde el Gobierno a las Comunidades autónomas, pasando por las empresas del sector (¿empresas de transporte?) o concesionarias.
Lo que tiene claro el actual Gobierno es que el modelo actual, gratis total para todos (salvo las autopistas de peaje), es insostenible económicamente (se necesitan 11.000 millones de euros anuales solo para el mantenimiento de los 20.000 kilómetros actuales de vías rápidas), además de injusto social y territorialmente (hay territorios castigados por las autopistas de peaje y otros que no). Según José Luis Ávalos, no es justo que paguemos entre todos unas vías rápidas que se deterioran por el uso gratis y abusivo de las mismas por parte de camiones y/o turistas.
Para el Gobierno, según han manifestado hoy mismo, es necesario que se abra un periodo de diálogo y se llegue a un consenso sobre el modelo a seguir. No está definido ni quién va a pagar los peajes (los camiones seguro que no se libran si prospera) ni qué tipo de peaje se impondría (directo, blando, en la sombra…)
A la vez, el Gobierno aprobó la semana pasada un Real Decreto, que permite poder establecer desvíos obligatorios a camiones a las autopistas de peaje al Gobierno y a las administraciones autonómicas, por razones de seguridad o medioambientales.
Y también a la vez, en unos días, el 1 de diciembre en concreto, el peaje de la A1 (Burgos-Armiñán) deja de existir y pasa a ser una vía libre, gratis. Como lo serán la AP7 (Tarragona-Alicante) y la AP4 (Sevilla-Cádiz) a partir del 1 de enero de 2020, cuando acaben las concesiones actuales.
La finalidad de devolver al Estado las autopistas de peaje, cuyas concesiones caduquen durante la legislatura del actual Gobierno, tenía una segunda intención: que pasen a formar parte de la red viaria sujeta a una tasa por uso de infraestructuras.
Y los transportistas, una vez más, se dan de bruces contra un muro.