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en
la
carretera
carretera
noticias
E
l Grupo Parlamentario Socialista pre-
sentó ante el Congreso de los Diputa-
dos, el pasado siete de octubre, una
Proposición no de Ley para combatir el frau-
de laboral transnacional y la competencia des-
leal, fundamentalmente en las empresas de
transporte transfronterizas, para su tramita-
ción en la Comisión de Empleo y Seguridad
Social de dicha institución.
La Proposición no de Ley planteaba la nece-
sidad de atajar las “indeseables situaciones de
discriminación entre los trabajadores de un
determinado Estado y, por extensión, las
situaciones de competencia desleal entre las
empresas que funcionan en el mercado inte-
rior”, de ahí la conveniencia de transponer
con carácter inmediato la Directiva europea
2014/76 relativa al desplazamiento de trabaja-
dores efectuados en el marco de una presta-
ción de servicios, como ya han llevado a cabo
otros países europeos, como es el caso de
Francia y Alemania, que han establecido la
exigencia de que todas las empresas transpor-
tistas extranjeras que acceden a sus territo-
rios comuniquen previamente a la autoridad
competente la realización de dicho servicio de
transporte y que el salario abonado a sus con-
ductores al menos cubra el “salario mínimo”
vigente en dichos países.
Directiva europea
Así, la Proposición no de Ley consideraba
que la incorporación a nuestro ordenamiento
jurídico de la Directiva europea contribuiría a
combatir uno de los “problemas de competen-
cia desleal que mayor auge están alcanzando
en los últimos años, en relación con la deslo-
calización de empresas de transporte europe-
as” y la competencia desleal que esta situa-
ción está generando para el resto de empresas
de transporte, que ven como aquellas “compi-
ten con menores costes laborales y fiscales y
sin tener presencia real en los países en los
que se han establecido”.
Por ello, la Proposición no de Ley planteaba
que el Congreso de los Diputados inste al
Gobierno a que urgentemente incorpore a
nuestro ordenamiento jurídico la Directiva
europea sobre desplazamiento de trabajado-
res, con el fin de aumentar la eficiencia en la
lucha contra el fraude laboral transfronterizo
y la competencia desleal, fundamentalmente
en el ámbito del sector del transporte por
carretera.
Como es conocido, FENADISMER viene
reclamando de forma insistente la necesidad
de establecer una regulación en España que
permita controlar la situación de competencia
desleal que en la actualidad atraviesa nuestro
sector, basado en la deslocalización de las
grandes empresas de transporte hacia países
de la UE con menores costes de explotación de
la actividad. Esta situación está ocasionando
un impacto muy negativo para el tejido
empresarial de transporte español (básica-
mente pequeñas empresas) por la actuación
insolidaria y “poco patriótica” que en los últi-
mos años están llevando a cabo grandes
empresas de transporte que se están deslocali-
zando en los países del Este de Europa, despi-
diendo a sus trabajadores en España, con la
finalidad de aprovecharse de los menores cos-
tes fiscales y laborales, y así poder competir
en mejores condiciones económicas, que no de
eficiencia, en el mercado de transporte inter-
nacional español en el que siguen operando.
Esta situación, además, tiene como conse-
cuencia un grave perjuicio a las arcas públi-
cas españolas por la no tributación de sus acti-
vidades en nuestro país, así como la indesea-
ble destrucción de empleo en nuestro país.
Contra la competencia desleal
de las empresas deslocalizadas
Primeros pasos legislativos para acabar con el dumping social
L
os días 11 y 12 de noviembre, la Comisión Nacional de los Mercados y de
la Competencia ha llevado a cabo inspecciones en empresas del sector
de la mensajería y de la paquetería comercial ante la sospecha de que están
llevando a cabo prácticas anticompetitivas. En concreto, la sospecha se
refiere al posible reparto de clientes entre las citadas empresas. Los acuer-
dos entre competidores, que restan o anulan la sana competencia en el
mercado de la que deben beneficiarse los potenciales clientes, son una
infracción muy grave de la legislación de la competencia, que puede con-
llevar multas de hasta el 10% de la facturación de las empresas infractoras
en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.
La CNMC investiga a empresas de paquetería y mensajería por posibles
prácticas anticompetitivas
