El ligero en pie de guerra contra la reforma de la LOTT

El ligero en pie de guerra contra la reforma de la LOTT

Las asociaciones representativas de transportistas de vehículos ligeros de la Comunidad de Madrid han acordado celebrar una Asamblea multitudinaria el próximo sábado 9 de Febrero.

Las asociaciones representativas de transportistas de vehículos ligeros de la Comunidad de Madrid (Asociación de Repartidores de Prensa y Revistas de Madrid ARPPR, la Agrupación de Transportistas de Getafe ATG, la Asociación de Transportistas Autónomos ATA, la Federación de Organizaciones de Transportistas de la Comunidad de Madrid FENADISMER MADRID, la Unión de Pequeños Autónomos del Transporte, de las Comunicaciones y del Mar de Madrid UNIATRAMC y la Asociación de Transportistas Discrecionales de Mercancías TRADISMER) en la reunión conjunta celebrada ayer han acordado celebrar una Asamblea multitudinaria el próximo sábado 9 de Febrero, para acordar el calendario de movilizaciones en protesta por el proyecto de modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados.

De esta forma, las citadas organizaciones canalizan la preocupación y el malestar existente entre el colectivo de transportistas por el gravísimo ataque que la reforma de la ley supone para los miles de transportistas que operan en dicho segmento, y que amenaza su propia supervivencia, por lo que están dispuestos a llevar a cabo diferentes medidas de presión para impedir que prospere dicha agresión carente de fundamento económico y social.

La modificación de la LOTT desregula completamente el transporte hasta 3,5 Tn. de MMA al dejarle sin requisitos para su ejercicio, lo que en la práctica supondrá la desaparición de los transportistas legales que no podrán competir con todos aquellos que les harán competencia sin darse de alta ni en Hacienda, ni en Seguridad Social,… con todo lo que ello implica

Como se recordará, el proyecto de ley establece una nueva regulación para el transporte ligero, mediante el cual el Gobierno pretende fomentar la economía sumergida e introducir nueva competencia desleal al sector, al permitir que cualquier persona que se compre un vehículo de hasta 3,5 Tn de carga, sin cumplir ningún requisito pueda realizar transporte público, lo que supone no estar sometido a ningún control ni revisión de su actividad, ni por parte de Fomento, ni de ninguna otra Administración. En la práctica, esta desregulación supondrá expulsar del sector a los más de 45.000 transportistas de transporte ligero que en la actualidad prestan su servicio a la economía española, que pagan sus impuestos a Hacienda y sus cotizaciones a la Seguridad Social, los cuales serán sustituidos por los nuevos competidores no profesionales que accedan al sector en base a la nueva regulación que establece el proyecto de modificación de la LOTT.

Las organizaciones representativas del transporte ligero en Madrid se reúnen el próximo 9 de febrero para acordar posibles movilizaciones en protesta por esta propuesta de desregulación que les llevará a su desaparición.

Las asociaciones de transportistas rechazan la reforma legal porque con dicha modificación el Gobierno no defiende los intereses de un colectivo conformado por miles de transportistas autónomos y pequeños empresarios, sino que al contrario, pretende beneficiar a las grandes empresas y multinacionales poniendo a su disposición “mano de obra barata y desprofesionalizada” para cubrir sus necesidades de transporte.

De la misma manera, las asociaciones de transportistas quieren transmitir a la opinión pública las consecuencias que dicha reforma puede representar en materia de seguridad vial, al dejar fuera de control los requisitos técnicos de los miles de vehículos que operan en dicho subsector (hasta 3’5 toneladas de masa máxima), en los que históricamente se vienen dando los principales índices de siniestralidad vial, ya que según datos de la Dirección General de Tráfico, del total de accidentes con víctimas en el último año en el que se vio involucrado al menos un vehículo de transporte, el 60% fue debido a furgonetas y camiones de dicho tonelaje, y, por otra parte, según los datos de la asociación de empresas concesionarias de ITV (AECA) más del 30% de los vehículos de transporte de dicho tonelaje no superaron las inspecciones periódicas, por lo que resulta imprescindible establecer un control especial sobre dicha categoría de vehículos, y no una desregulación desordenada como se plantea en el proyecto.

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