La subida del IVA al 21% afectará de modo grave al transporte de mercancías

La subida del IVA al 21% afectará de modo grave al transporte de mercancías

El Gobierno aprobó el pasado mes de julio la subida del IVA en tres puntos, en su tramo general, pasando del 18% al 21%. Solo hace dos años cuando el IVA general pasó del 16% al 18%.

Es decir, en algo más de dos años hemos soportado una subida de cinco puntos en el IVA aunque el poder adquisitivo de los transportistas ha ido disminuyendo como consecuencia de la subida del precio de los combustibles y del resto de los costes generales de explotación y la bajada de los precios del transporte.

La subida del IVA no ha sido la única medida adoptada por el Gobierno, pero sin duda sí que es la que más afecta al poder adquisitivo de las empresas y de las familias. Además del tipo general que sube del 18 al 21%, el tipo reducido, que se aplica al transporte de viajeros, sube del 8 al 10% (en 2010 subió del 7% al 8%) y el tipo superreducido se mantiene aunque hay bienes que pasan del IVA superreducido al general y también del reducido al general.

Desde el pasado 1 de Septiembre todas las facturas emitidas habrán de reflejar el nuevo tipo tributario aunque los servicios de transporte se hayan prestado en meses anteriores.

Lo que los transportistas tienen que tener en cuenta es que todas las facturas que se estén emitiendo desde el pasado 1 de Septiembre deberán obligatoriamente realizarse aplicando el 21% si es transporte de mercancías y el 10% si es de viajeros, aunque los servicios de transporte se hubieran realizado en el mes anterior.

Para conocer la magnitud de este impuesto, hay que añadir que el Gobierno recauda anualmente en torno a 50.000 millones de euros en concepto de IVA, estimándose que con los nuevos incrementos de los tipos impositivos, la recaudación aumente en 2.300 millones en lo que resta de este año, y en 10.130 adicionales en el próximo año 2013.

Eso siempre que el consumo se mantuviera en los niveles actuales, puede suceder que los consumidores se vean obligados a reducir su consumo, con lo que las estimaciones de recaudación del Gobierno se verían defraudadas.

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