Ya tenemos ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y FENADISMER no ha perdido la ocasión de transmitirle las prioridades que deben ser abordadas para la continuidad y correcta evolución del transporte español, que, no olvidemos está formado por más de 100.000 empresas, mayoritariamente de pequeña y mediana dimensión, más aún tras el fuerte impacto que padeció durante los años de la crisis económica, que supuso la desaparición de más del 20% de las empresas del sector.
Aunque <b>el actual momento económico permite ser optimistas en cuanto al crecimiento de actividad del sector del transporte por carretera en los próximos años</b>, como apuntan los datos extraídos de los Observatorios de actividad del transporte de mercancías por carretera, está claro que hay una serie de grandes amenazas que preocupan y mucho, por lo que FENADISMER considera necesario, para consolidar dicha recuperación y crecimiento en nuestro sector, adoptar medidas que fortalezcan nuestro actual tejido empresarial, entre las que cabe destacar las siguientes:
1.-El <b>mantenimiento de la actual regulación y ordenación de la actividad del transporte público de mercancías por carretera, mediante el mantenimiento del requisito de dimensión mínima</b> empresarial para acceder al sector, a fin de poder continuar compitiendo en mejores condiciones frente a los transportistas del resto de la Unión Europea. En este sentido, hay que destacar que la implantación de la actual regulación de acceso al sector en el año 1999 ha permitido a la flota española posicionarse como una potencia a nivel europeo en el ranking de transporte internacional, pasando de ocupar la cuarta posición en 1999, a la segunda posición en la actualidad, sólo por detrás de Polonia, y superando a países como Alemania, Francia e Italia, que en los últimos 10 años han visto disminuir su presencia internacional hasta en un 50%.
2.-La <b>inmediata transposición de la Directiva europea sobre desplazamiento de los trabajadores en el sector del transporte (cumplimiento del salario mínimo)</b>, de modo similar a como ya lo han regulado Francia, Alemania e Italia, y cuya fecha límite de trasposición venció el pasado mes de Julio, y que es la única manera de poder controlar la situación de competencia desleal que atraviesa nuestro sector, fundamentalmente por la deslocalización de las grandes empresas de transporte de nuestro país hacia otros Estados de la Unión Europea con menores costes de explotación, tanto laborales como fiscales, con el consiguiente perjuicio, además, para las arcas públicas españolas. En este sentido, resulta inadmisible que en la actualidad una cuarta parte del transporte internacional con origen o destino a nuestro país sea realizado por empresas transportistas de países del Este de Europa, en realidad, en la mayor parte de los casos, es realizado por empresas españolas deslocalizadas, por lo que es necesario establecer medidas de control que impidan dicha actuación fraudulenta.
3.-La necesaria <b>armonización fiscal que soporta el sector del transporte por carretera</b>, tanto en lo referente a la imposición directa, que pasaría por eliminar las actuales discriminaciones en función de su forma jurídica, al soportar una mayor carga fiscal los autónomos y pequeñas empresas que las grandes, así como en lo relativo a la imposición indirecta, armonizando la actual política unilateral y descoordinada a nivel autonómico en materia de tributación sobre los carburantes, y, de otra parte, manteniendo la posición española contraria al establecimiento de tasas a los vehículos de transporte por la utilización de las infraestructuras (peajes), a fin de no perjudicar no solo a los transportistas sino, además a las exportaciones españolas, dado nuestro carácter periférico en el seno de la Unión Europea.
