La Generalitat de Cataluña pretende incrementar su campaña de acoso contra los camiones que circulan por las carreteras catalanas, que ya inició el año 2013 cuando acordó la prohibición absoluta de circulación a los camiones en casi 100 kilómetros de la N-II en la provincia de Girona hasta la frontera francesa, obligándoles a circular por la autopista de pago AP-7. Ahora, se trata de más de 70 kilómetros de la N-340 a su paso por Tarragona.
Por si esto no hubiera sido suficiente, el pasado mes de Septiembre, la Consejería autonómica de Territorio y Sostenibilidad anunció la próxima prohibición de circulación a camiones en más de 40 kilómetros de la N-240 a su paso por la provincia de Lérida, estando previsto que los transportistas tengan que utilizar obligatoriamente la autopista de peaje AP-2.
Y ahora, en una nueva “cruzada” contra el sector del transporte por carretera, el Gobierno catalán plantea nuevas prohibiciones a la circulación de camiones, en concreto en más de 70 kilómetros de la N-340 a su paso por la provincia de Tarragona, lo que afectaría a los más de 3.500 vehículos de transporte pesados que diariamente utilizan dicha vía (aproximadamente el 20% del total de los vehículos que circulan por la N-340), obligando a los transportistas a utilizar la autopista AP-7, la cual curiosamente ha reducido el número de usuarios en los últimos tres años en dicho porcentaje del 20%.
Como no podía ser de otra manera, FENADISMER y sus organizaciones catalanas rechazan de plano esta nueva prohibición que pretende introducir la Generalitat, que sólo aceptarían si se les ofrece a los transportistas una vía alternativa libre de pago, por lo que de no producirse se estudiarán las medidas de respuesta que deben adoptarse contra dicha decisión.
