FENADISMER denuncia el contrasentido de que la Dirección General de Carreteras también dé prioridad al ferrocarril sobre la carretera. Ahora con la inclusión en su proyecto de Reglamento General de Carreteras de que las empresas de transporte especial (por carretera) justifiquen que el transporte no puede hacerse por otros modos, incluido justificar el excesivo coste económico llegado el caso, para poder acceder a una autorización complementaria de transporte.
El Ministerio de Transportes va a invertir 7.000 millones en el ferrocarril para incrementar la cuota actual de transporte de mercancías por este medio: quiere pasar del 4% actual al 10% en 2030, en lo que ha denominado «Plan Mercancías 30». Para la carretera hay 2.500 millones de inversiones y un plan de peajes previsto, a pesar de que transporta el 90% de las mercancías que se mueven en España. Estas inversiones proceden de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, las sufragamos todos.
Tanto FENADISMER como ASTRAE, la asociación de empresas de transporte especial, denuncian el contrasentido de una Dirección General de Carreteras que da una prioridad absoluta al ferrocarril, o al barco, sobre el transporte especial por carretera en su Proyecto de Reglamento General del Carreteras y que se olvida de los artículos de la propia Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (incluye la carretera y el ferrocarril) que defienden la liberad del usuario para elegir el modo de transporte con el que quiere que sus mercancías lleguen al destino.
A las muchas trabas que tradicionalmente esta Dirección General de Carreteras ha ido poniendo al transporte especial, ahora se suma una «aberración», en palabras de FENADISMER, al obligar a las empresas de transporte por carretera a justificar que la realización de ese mismo transporte por otro modo «que implique menos afección a la infraestructura o a su explotación y que comparativamente no suponga un coste desproporcionado» no es técnicamente viable, o que el coste es comparativamente desproporcionado, para poder acceder a una autorización complementaria de circulación.
Es decir, el transportista de transporte especial por carretera, según la Dirección General de Carretera, tiene que acudir a sus competidores (ferrocarril o empresas de transporte marítimo) para pedirles una información y un presupuesto para un transporte que ya de antemano se sabe que no se va a realizar, como denuncia ASTRAE, por lo que es prácticamente imposible realizar ninguna justificación por parte de la empresa transportista de que ese transporte sea técnicamente inviable o suponga un coste «comparativamente desproporcionado».
Esta exigencia la ha incluido la Dirección General de Carreteras en el proyecto de Reglamento General de Carreteras que está en tramitación. Los transportistas se han enterado de esta nueva «exigencia» para poder realizar su trabajo debidamente autorizados, por estar publicado en la web del Ministerio de Transportes.
Para ASTRAE está claro que si alguien tiene que solicitar esta información será la propia Administración, que es la que debe realizar el análisis previo de si un transporte puede realizarse por un modo distinto a la carretera, y no el propio transportista.
Porque, afirma ASTRAE, la Administración ya cuenta con una información privilegiada que le permite saber que la mayor parte de la mercancía que se transporta en un transporte especial no puede transportarse ni en ferrocarril ni en barco, por peso, por dimensiones, por necesidad de manipulación en los transbordos, etc.
Es realmente llamativo que se pueda exigir a un transportista de carretera que acredite la viabilidad, o inviabilidad, de realizar el transporte por el que le han contratado a él, y que cobrará cuando lo realice, por otro modo de transporte. Que no deja de ser competencia. Y acreditar que realizarlo por un modo diferente a la carretera supone un coste desproporcionado. Lo que a nosotros nos parece desproporcionado y un despropósito es esta nueva ocurrencia de la Dirección General de Carreteras.
Tanto FENADISMER como ASTRAE invocan a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para recordarle al Ministerio de Transportes que los usuarios del transporte tienen libertad de elección del modo de transporte y libertad de gestión empresarial, que el propio Ministerio no puede favorecer a un modo de transporte en detrimento de otro, algo que llevan haciendo tiempo. Esta libertad de los usuarios, prevé la LOTT, solo «podrá ser limitada por razones inherentes a la necesidad de promover el máximo aprovechamiento de los recursos y la eficaz prestación de los servicios.»
Para ASTRAE está claro: «la exigencia del informe de inviabilidad ferroviaria o marítima va en contra de la libertad del usuario o cargador de elección del modo de transporte, debe acreditar no solo el mayor coste del ferrocarril, además debe acreditar que el mayor coste es desproporcionado.»
