El confirming demora el pago hasta 240 días

Por mucho que las grandes compañías españolas se empeñen en sus Memorias en señalar la reducción de sus plazos de pago, no es cierto, el uso del confirming como medio de pago puede demorar el cobro efectivo hasta 240 días desde su emisión.

Así lo denuncia la Plataforma Multisectorial contra la Mosoridad quien señala que se está aumentando (y abusando) el uso del confirming por parte de las grandes compañías españolas como medio de pago. Se trata de un producto financiero que lo único que hace es demorar el plazo de cobro por parte del acreedor hasta 240 días, según los casos, o bien disminuir el importe de la deuda si el proveedor decide cobrarlo antes del plazo estipulado.

El plazo de cobro lo pactan entre la compañía que emite el confirming, la pagadora, y el banco. Si la empresa a la que se le adeuda el importe decide cobrar antes del plazo estipulado en el confirming tienen que renunciar a una parte de su factura por la comisión del banco que considera que le está adelantando el pago… Una perversidad en lo que a medios de pago se refiere que se incrementa si tenemos en cuenta que las compañías que emiten estos confirming, que están sometidas a vigilancia y tienen obligación de incluir en sus memorias corporativas información sobre los plazos de pago a sus proveedores, consideran pagada la deuda cuando han emitido el instrumento de pago. Y no es cierto, como señala Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, de la que forma parte FENADISMER, hay que diferenciar entre plazos de pago y medios de pago. Y sobre todo, hay que obligar a las empresas a pagar sus facturas dentro de los 60 días de plazo legal, que es el plazo que marca la ley. Y si no lo hacen, a sancionar a las empresas morosas.

Según los datos que maneja la Plataforma, el confirming creció un 4,8% en 2016. Si sumamos la cifra de confirming y de factoring, tenemos que el 18,35% del PIB de este país se paga con estos dos productos financieros. Productos diseñados a medida por los bancos y las grandes corporaciones para financiarse los segundos de sus proveedores, normalmente PYMES y autónomos, y por los primeros para lucrarse de los mismos.

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