La semana pasada, el Parlamente Europeo, la Comisión y el Consejo de Europa alcanzaron un principio de acuerdo sobre la modificación de la Directiva de Trabajadores Desplazados con la idea de establecer una regla fundamental: «un salario igual para un trabajo idéntico en el mismo lugar.»
La Directiva de Trabajadores desplazados vigente se aplica a aquellos trabajadores contratados en un país y desplazados por su empleador a otro país temporalmente para prestar un servicio. Como sucede en el transporte con los conductores desplazados.
Esta Directiva se aplica al transporte internacional en tanto en cuanto no se desarrolle una regulación propia para el mismo, lo que se hará dentro del denominado Paquete de Movilidad, que está actualmente en trámite. Aunque, hay asociaciones españolas de transporte que piden la exclusión del transporte internacional de esta Directiva, en concreto, aquellas asociaciones que cuentan con mayor número de empresas deslocalizadas en países del Este de Europa. Pero, hasta que el Paquete de Movilidad se haya concluido y haya una legislación específica para los conductores desplazados, se les aplica esta Directiva de Trabajadores Desplazados (es la Directiva que permite el establecimiento de un salario mínimo, como han fijado numerosos países de nuestro entorno).
En marzo de 2016 (hace dos años) se anunció el inicio de la tramitación de la reforma de la Directiva de Trabajadores Desplazados con el fin de lograr un clima de competencia leal y de respeto en relación con los trabajadores que son contratados en un Estado miembro pero prestan sus servicio (de transporte, por ejemplo) en otro estado. Los países del Este de Europa, con un diferencial de coste salarial y fiscal importante, son los que más se han opuesto a la reforma de esta Directiva y es uno de los motivos que están demorando su reforma.
Por su parte, el Parlamento español está tramitando el proyecto de ley de transposición de la vigente Directiva de Trabajadores desplazados (que es de 2014), y FENADISMER confía en que sirva para controlar de forma efectiva a las empresas deslocalizadas en los países del este de Europa y que ya realizan una tercera parte del transporte internacional con origen o destino en España.
