El Congreso de los Diputados ha manifestado de forma mayoritaria (todos los grupos políticos menos PP) su rechazo a la trasposición que ha hecho el Gobierno de España de la Directiva de Trabajadores desplazados porque no permite ningún tipo de control sobre la actividad de las empresas deslocalizadas en nuestro país.
A finales de mayo, el Gobierno aprobó el Real-Decreto-Ley que daba lugar a la trasposición de la Directiva europea sobre trabajadores desplazados, que es la norma que han utilizado nuestros países vecinos para controlar esta actividad en sus países (mediante la imposición de comunicaciones obligatorias, salarios mínimos, etc.). Pero, la trasposición que hizo nuestro Gobierno no permitía controlar la deslocalización de grandes empresas en paraísos fiscales y sociales y su actividad con estas empresas deslocalizadas en nuestro país. Entre otras cosas, porque la comunicación del desplazamiento del trabajador extranjero a nuestro país solo tienen que hacerla si la estancia va a ser superior a 8 días. Ya se organizan estas empresas para que no sea así y de esta forma escapan al control.
Ahora, dado el daño que hacen estas empresas deslocalizadas que compiten con una ventaja enorme frente al resto de empresas que no se han deslocalizado, la mayoría de los Grupos Políticos con presencia en el Congreso, han valorado negativamente la trasposición que ha hecho el Gobierno de esta Directiva porque no permite controlar ni acabar con el dumping social ejercido por estas empresas. Por eso, el Congreso ha aprobado su tramitación como Proyecto de ley para poder introducir enmiendas en este Real-Decreto-Ley que permita mejorar el control de la actividad de las empresas deslocalizadas en nuestro país.