El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Reglamento de Extranjería para facilitar la contratación de trabajadores extranjeros por parte de empresas españolas y contribuir a solucionar la escasez de trabajadores en diferentes sectores, pero, la escasez de conductores no la va a resolver este nuevo Reglamento de Extranjería.
Un conductor profesional precisa disponer de los carnés de conducir profesionales más el Certificado de Aptitud Profesional (CAP). En condiciones normales, a conductores nacionales le supone al menos un año si no más pasar estos trámites, además del conste económico. La Dirección General de Tráfico no se caracteriza por su agilidad a la hora de convocar las pruebas, como pone de manifiesto FENADISMER, y da plazos de hasta ocho meses para examinarse del carné profesional. Que es el plazo que tendrían que soportar también los trabajadores extranjeros que vengan a trabajar a España al amparo del nuevo Reglamento de Extranjería que modifica la actual Ley Orgánica de derechos y libertades de los extranjeros en España. De hecho, este nuevo Reglamento no solo va a servir para que ciudadanos extranjeros de terceros países se establezcan en España legalmente para trabajar y vivir, si no que va a permitir la regularización de numerosos extranjeros que ya residen en España.
Son pocos los países con los que España tenga un convenio de reconocimiento de los carnés de conducir y, cuando lo hay, prácticamente se circunscribe solo al carné B, pero no al C o E.
Además, para ser conductor profesional, el aspirante tiene que realizar el curso de CAP inicial, en su formato normal o abreviado, pero suponen al menos 140 horas de formación. Y formación que tiene un coste si sumamos el carné de conducir más el CAP.
Este coste, sumado a la dureza del ejercicio de la profesión y las malas condiciones económicas y la laborales hacen que no resulte en absoluto atractivo el trabajo de conductor profesional.
Esta burocracia, a juicio de FENADISMER, hará prácticamente inviable que las empresas de transporte puedan beneficiarse de esta nueva Ley y tener más fácil la contratación de conductores, que es un problema no solo nacional si no global.
Pero, además de conductores faltan trabajadores en otros sectores, como la hostelería, la construcción o la digitalización… Son 109.000 ofertas de trabajo las que hay sin cubrir en todos estos sectores. Teniendo en cuenta que tenemos casi tres millones de trabajadores desempleados está claro que algo falla en la relación entre la formación y el mundo laboral.
Como para el transporte no va a ser una solución, el Ministerio de Transporte junto con el Comité Nacional han creado un grupo de trabajo para buscar soluciones a un problema que puede suponer a no muy largo plazo la paralización de la cadena de suministro, tanto a las industrias como al conjunto de la sociedad.
