Esta semana nueve países europeos han lanzado en París la “Alianza por la Carretera” en la que participan Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia, Luxemburgo, Noruega y Suecia. El objetivo sumar fuerzas e iniciativas para poner fin al dumping social ejercido por las empresas que se deslocalizan en países con menores costes sociales. Por increíble que parezca, España no se ha sumado a esta iniciativa.
El acuerdo pone de relieve que el transporte de mercancías por carretera en Europa se enfrenta en la actualidad a la competencia desleal en gran medida derivada del dumping social por las empresas que se deslocalizan en países con menores costes. Este sector es particularmente víctima del uso de sofisticado fraude y mal uso de las normas del mercado interior y la legislación laboral.
Por ello, a través de esta iniciativa conjunta, los nueves países han decidido moverse más rápido para defender un transporte por carretera de mercancías que se desarrolle en una competencia sana y leal entre los operadores económicos y con el objetivo de garantizar los derechos sociales de los trabajadores. Fruto de ello es la iniciativa legislativa llevada a cabo en los últimos meses por varios países europeos para defender esta visión en los organismos europeos.
Ocho medidas para acabar con el dumping social
Con el lanzamiento de la “Alianza por la Carretera”, estos nueve países han firmado un plan de acción compuesto de ocho medidas destinadas a lograr dos objetivos:
·Converger algunas medidas nacionales de aplicación de la normativa europea para facilitar la aplicación por parte de los operadores y mejorar la vida de los trabajadores.
·Mejorar las prácticas de control basadas en las experiencias mutuas así como fortalecer la cooperación para la lucha más eficaz contra el fraude.
España no se suma a la alianza europea contra el dumping social
FENADISMER comparte plenamente dichos objetivos y por ello lamenta que España no se haya sumado a dicha Alianza europea. En este sentido, FENADISMER ha vuelto a reclamar al Gobierno español la trasposición urgente a la legislación española de la Directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores (salario mínimo) con el fin fin, entre otros, de mitigar el impacto que sufre el sector español del transporte por carretera por la competencia desleal que ejercen las empresas deslocalizadas en países del Este de Europa, las cuales ya controlan una cuarta parte del transporte internacional con origen o destino en nuestro país.
