Las federaciones nacionales de transportistas recurren ante el Tribunal Superior de Justicia la Resolución del Gobierno de Cataluña que permite en sus carreteras la circulación de camiones con mayor tonelaje al permitido en el resto de España.
Y, además, dichas organizaciones solicitan la suspensión provisional de la aplicación de dicha medida ya que la resolución catalana pretende dar una situación de privilegio a sus puertos y aeropuertos en perjuicio de los del resto del territorio nacional.
El pasado 13 de Febrero las federaciones nacionales de transportistas que integran el Comité Nacional de Transporte por Carretera, entre las que se encuentra FENADISMER, han recurrido, como ya anunciaron en su día que harían, la Resolución aprobada por el Departamento de Interior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se autoriza la circulación por las carreteras catalanas de camiones con mayor tonelaje (44 toneladas de masa máxima) al permitido en el resto del territorio nacional (40 toneladas).
Para las organizaciones de transportistas las razones de peso contra la medida unilateral adoptada por el Gobierno catalán son las siguientes:
- Falta de competencia de la Generalitat de Cataluña al vulnerar el reparto competencial previsto en la Constitución Española en materia de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte que corresponde en exclusiva al Estado.
- Infracción del Derecho comunitario al vulnerar la Directiva europea 96/53/CEE, que regula los pesos y dimensiones máximas de los vehículos de transporte, además en fraude de ley por cuanto la resolución catalana se fundamente en su carácter innovador desde un punto de vista de la tecnología de los vehículos autorizados a aumentar el tonelaje, lo que es absolutamente falso ya que los vehículos que se pueden beneficiar de la medida son todos aquellos matriculados a partir de 2006, y que por lo tanto incorporan tecnologías de hace más de 6 años.
- La resolución catalana pretende dotar de una situación privilegiada a los puertos, aeropuertos y estaciones ferroviarias de la Comunidad Autónoma para atraer más mercancías a dichos destinos para su posterior trasvase a los vehículos de transporte por carretera, a diferencia de lo que se puede hacer en el resto del Estado.
Las organizaciones de transportistas han solicitado, como medida cautelar, la suspensión provisional de la resolución catalana impugnada, dado el “efecto perverso” que la aplicación de la normativa catalana puede provocar en la competencia real entre las empresas transportistas y en la ordenación del sector del transporte por carretera.
