Francia no descansa nunca y ahora ha salido con una tasa de 40 euros que tendrían que abonar las empresas de transporte por cada uno de sus conductores desplazados al territorio francés. Entraría en vigor el próximo 1 de enero de 2018. FENADISMER ha denunciado ante la Comisión Europea lo que considera un abuso de Francia, además de contravenir la normativa comunitaria.
La tasa de 40 euros que tendría que abonar la empresa por cada uno de sus conductores desplazados a Francia tiene el objetivo de contribuir financieramente a la puesta en marcha y funcionamiento del sistema informático de control de los trabajadores desplazados.
Es decir, que elaboran una norma de control de trabajadores desplazados desde otros Estados Miembros a su territorio temporalmente, y las empresas de estos trabajadores, no francesas, tienen que contribuir a cubrir los costes de la puesta en marcha del sistema. Un sistema perverso, sin duda, sobretodo, como defiende FENADISMER porque la exigencia de esta nueva tasa de 40 euros a los conductores desplazados a territorio francés contraviene la normativa comunitaria de desplazamiento de trabajadores y afecta a los principios fundamentales de libre circulación de mercancías y personal establecido en el Tratado de la Unión Europea.
Como la nueva tasa de 40 euros no entraría en vigor hasta el 1 de enero de 2018, FENADISMER confía en que la Comisión Europea se pronuncie antes sobre este nuevo abuso de las autoridades francesas.
Todo esto viene como consecuencia de la entrada en vigor y aplicación de la Ley Macron, de la que hemos hablado ampliamente en otras entradas y que implica que las empresas de transporte tienen que notificar (electrónicamente desde el pasado mes de enero) el desplazamiento de sus trabajadores a territorio francés de forma temporal (en este caso como consecuencia de la realización de una operación de transporte). Se trata de justificar que el conductor recibe al menos el salario mínimo establecido en Francia. No deja de ser una medida más contra la competencia desleal ejercida por las empresas deslocalizadas y el cabotaje abusivo
