Aunque según las fuentes jurídicas consultadas por FENADISMER, no parece que pueda tener mucho éxito la nueva maniobra judicial emprendida por Guipúzcoa, ahora, sus Juntas Generales han recurrido al Tribunal de Justicia Europeo en un intento de descalificar la reciente sentencia del Supremo en contra de los peajes a camiones en la N1 y A15 en Guipúzcoa.
Las Juntas Generales de Guipúzcoa han interpuesto un «incidente de nulidad» contra la sentencia del Tribunal Supremo que declara nulo el peaje en la N1 y A15 solo para camiones. Esta sentencia del Supremo confirmaba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la primera norma foral que estableció los peajes y que estuvo en vigor desde enero de 2018 a mayo de 2019, cuando este tTribunal dictaminó en contra por considerarlo, entre otras cuestiones, discriminatorio.
Las Juntas Generales de Guipúzcoa pusieron en marcha una segunda norma foral, maquillando la primera, para intentar eludir la consideración de discriminatorio de su peaje para camiones, pero, una segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco volvió a considerar igualmente discriminatorio esta norma y la volvió a declarar ilegal. Ahora, estamos a la espera de la sentencia del Supremo sobre esta segunda sentencia del tribunal vasco.
Es decir, tres sentencias en contra del peaje a camiones en la N1 y A15 a su paso por Guipúzcoa, más las consecuencias económicas derivadas de ello (de momento, por la primera norma foral en vigor, de enero de 2018 a mayo de 2019 se estiman en 15 millones de euros las devoluciones que podría tener que soportar la Diputación de Guipúzcoa por peajes cobrados indebidamente, sanciones, etc.) no han bastado para hacer entrar en razón a la Diputación ni a las Juntas Generales de Guipúzcoa que, de la mano, han decidido seguir con su huida hacia adelante y han interpuesto «un incidente de nulidad» contra la sentencia del Tribunal Supremo que declara la nulidad de estos peajes (de enero de 2018 a mayo de 2019).
El nuevo recurso que han planteado las Juntas Generales de Guipúzcoa, considera FENADISMER que con pocas probabilidades de prosperar, según las fuentes legales consultadas, insiste en que el peaje en la N1 y A15 cuenta con la aprobación de la Comisión Europea, por lo que el Tribunal Supremo debería haber planteado «una cuestión prejudicial» al Tribunal de Justicia Europeo antes de pronunciarse, ya que la jurisprudencia que invoca en su sentencia no es de aplicación en este caso.
Se olvidan las Juntas Generales, según FENADISMER, que la ComisióN Europea solo valida los aspectos técnicos de los peajes y no entra en otro tipo de consideraciones, como su posible carácter discriminatorio, lo que ha motivado tres sentencias judiciales en contra y por el mismo motivo.
Si tres veces ha sido analizado el fondo de las normas aplicadas por tres tribunales y las tres veces se ha llegado a la misma conclusión, que vulnera un principio fundamental como es el de no discriminación, debe ser por algo. Y lo que parece, afirma FENADISMER, esta nueva deriva de las Juntas Generales de Guipúzcoa no es más que una «artimaña judicial desesperada» para entorpecer el cumplimiento de las sentencias en contra y que no va a conseguir eliminar su carácter discriminatorio.
