Tras la reunión mantenida hace casi un año entre Fomento, Trabajo y Hacienda, a petición de FENADISMER, para atajar el avance de las empresas buzón, empresas deslocalizadas en países con costes fiscales y sociales más bajos, la Inspección de Trabajo ha incluido entre sus objetivos prioritarios a las «empresas buzón».
Las empresas búlgaras y rumanas de transporte han incrementado en un 50% su cuota sobre el transporte internacional español en un año, y este es el promedio de crecimiento que llevan. Hemos alcanzado un punto en el que la tercera parte del transporte internacional español está siendo realizado por empresas establecidas en países del Este de Europa con un diferencial de costes muy importante. Todos sabemos que mayoritariamente estas empresas, son «empresas buzón», es decir, empresas españolas que abren una empresa en estos países que realmente no tiene actividad, su actividad es la de dar cobertura legal a la contratación de trabajadores, matriculaciones de camiones y pago de impuestos y cotizaciones en países con unos costes fiscales, sociales, laborales, etc. muy inferiores a los nuestros.
La Inspección de Trabajo, en su Plan Estratégico 2108-2020, ha incluido como objetivo prioritario «mejorar la lucha contra el fraude transnacional» en lo relativo al desplazamiento transnacional de trabajadores «combatiendo en particular el fraude asociado a las empresas buzón». Esta Inspección se ejecutará de forma coordinada entre Trabajo y Transporte.
Para la Inspección de Trabajo, las empresas buzón son aquellas «que establecen su sede en Estados miembros cuyos costes laborales y de Seguridad Social son inferiores a los de aquellos Estados miembros en los que la empresa realiza realmente sus actividades, consiguiendo de forma fraudulenta reducir los costes que implica la contratación de trabajadores», «…sin actividad real en el país en el que tienen su sede y utilizando fraudulentamente la figura de los desplazamientos transnacionales para eludir las normas que resultan de aplicación y abaratar los costes salariales, tributarios y de Seguridad Social, con los graves perjuicios que dichas prácticas ocasionan.»
