Transportistas y cargadores tienen intereses diferentes

Nueva reunión entre cargadores y transportistas que concluye en total desacuerdo

Tras la nueva reunión celebrada entre cargadores y transportistas, tras la última celebrada en diciembre que concluyó dos años de negociaciones sin ningún tipo de acuerdo, solo podemos concluir que cargadores y transportistas tienen diferentes intereses. Y no debería ser así.

Para que el transporte y toda la cadena logística funcionaran bien lo suyo sería que entre cargadores y transportistas hubiera unos intereses comunes, no todos, está claro, pero sí unos fundamentales.

No los hay, y la última reunión entre cargadores y transportistas ha vuelto a concluir sin acuerdo, o lo que es lo mismo, con el compromiso por parte de los cargadores de elaborar una serie de propuestas que permitan a los transportistas verificar que la actual legislación se está cumpliendo.

Porque el meollo de la cuestión es que los transportistas se oponen a cambios en la regulación del transporte, básicamente a la ampliación a 44 toneladas de la capacidad de carga de los camiones, sin que antes haya al menos el compromiso de los cargadores de solucionar todo aquello que no funciona en el transporte: plazos de pago, operaciones de carga y descarga de los vehículos realizadas por los conductores, tiempos de espera para cargar y descargar, retención de facturas en caso de siniestro, aplicación de la acción directa. Es decir, que las asociaciones de transportistas consideran que son muchos los incumplimientos que se vienen dando por parte de los cargadores, recogidos en acuerdos ya firmados hace tiempo, y que no se ve voluntad alguna por su parte de solucionarlos.

Los cargadores, como ya han dejado claro, no piensan avanzar en la adopción de medidas para mejorar la competitividad del sector mientras los transportistas no cedan con las 44 toneladas.

Dicen los cargadores además, que ellos cumplen, que son los intermediarios y otros intervinientes en la cadena de subcontratación los que actúan incumpliendo las leyes vigentes sobre plazos de pago, operaciones de carga y descarga, etc.

 

 

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