Desde que se puso en marcha el peaje belga, en abril de 2016, no han parado las irregularidades y el caos, para los transportistas extranjeros, por la mala gestión que del mismo se ha hecho desde el principio. Lo último han sido las inmovilizaciones de camiones extranjeros, declaradas ilegales por los propios tribunales belgas.
El peaje belga ha dado mucho que hablar, y muchos dolores de cabeza a las empresas de transporte extranjeras (no residentes en Bélgica) que se ven obligadas a transitar por sus carreteras. El modelo seguido es mediante arcos en las carreteras sujetas a peaje, en puntos estratégicos, que detectan el dispositivo electrónico que los camiones deben llevar a bordo del mismo, para hacer cómputo de los kilómetros recorrido y así cargar el peaje. Todo tipo de irregularidades han surgido con la gestión del mismo, denunciadas por FENADISMER de forma continua y constante.
Lo último, y quizá lo más grave, han sido las inmovilizaciones de camiones extranjeros por los agentes de control por presuntas irregularidades o faltas de pago de los peajes. Esto ha venido sucediendo en la región de Valonia.
Inmovilizar un camión, siempre extranjero, por una presunta irregularidad, y cuando ni siquiera se ha iniciado el procedimiento sancionador, ha sido denunciado por FENADISMER, por considerarlo contrario a los principios jurídicos fundamentales de presunción de inocencia y de proporcionalidad (el castigo es demasiado elevado para la falta, «presuntamente» en este caso, cometida).
Los agentes de control de la región de Valonia inmovilizan un camión extranjero cuando ante una presunta falta de pago o irregularidad en el mismo exigen el pago inmediato de una elevada cantidad de dinero y si no, se amenaza con la inmovilización del camión y la retención de la documentación del mismo.
Jurídicamente es inaceptable, sobre todo por la discriminación en el trato ya que la inmovilización solo ha venido afectando a los camiones extranjeros (no residentes en Bélgica). Y ahora, los propios tribunales belgas han dado la razón a una empresa de transporte, que demandó por esta irregularidad jurídica y se le ha dado la razón. Incluso, se condena a la administración belga a indemnizar con 4.000 euros a la empresa por los daños causados.
Los tribunales belgas consideran que esta medida «rebasa los límites de una política de control responsable con las garantías de un procedimiento sancionador justo».
