Cuando las asociaciones del Comité Nacional del Transporte han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Fomento en relación al Plan de prohibir circular determinados camiones por determinadas carreteras nacionales, nos encontramos de nuevo con que el presidente de la Asociación Nacional de Carreteras y de la Confederación Nacional de la Construcción, integrada en CEOE, vuelve a la carga con el tema.
No es la primera vez que tanto la propia CEOE como sus organizaciones integrantes abogan por la necesidad de establecer peajes o tasas por la utilización de las carreteras en España, en un intento de favorecer los intereses de las empresas constructoras en perjuicio del sector del transporte por carretera. Por ejemplo, cabe recordar el Informe elaborado en 2012 por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) sobre propuestas en el sector de las infraestructuras y los servicios públicos en España, en el que proponían el desarrollo de un Plan de infraestructuras que se basaba en implantar el transporte de mercancías por ferrocarril por un lado, y por otro, en implantar la tarificación de vehículos en las vías principales de transporte por carretera.
La propuesta pasaría por introducir dicho pago por la circulación de vehículos en la actual red de carreteras de alta capacidad actualmente libre de peaje, lo que supone un total de 4.445 kilómetros de vías afectadas, de las cuales 2.806 kilómetros corresponden a la red estatal y 1.639 kilómetros son de titularidad autonómica, con los que se estima obtener unos ingresos de casi 2.000 millones de euros anuales.
FENADISMER reitera su rechazo absoluto a dicha propuesta por resultar totalmente discriminatoria para el transporte por carretera frente a los otros modos de transporte, ya que en la actualidad las empresas del sector del transporte por carretera ya contribuyen suficientemente, vía impuestos sobre los carburantes y otros, al mantenimiento de las infraestructuras, concretamente más de 11.000 millones de euros anuales, mientras que los otros modos de transporte (el transporte ferroviario, el marítimo y el aéreo) tienen reconocido una exención total en la tributación sobre los carburantes que consumen, lo que supone que no aportan nada a la Hacienda Pública.
