Guipúzcoa vuelve por sus fueros, y como anunció en 2010, que no prosperó, plantea poner peajes en la A1, actualmente gratuita, a su paso por dicha provincia. Ante semejante anuncio, y con la que está cayendo en el sector con el tema de los peajes, Fenadismer anuncia que planteará un frente común del sector del transporte contra este posible peaje solo para camiones en las carreteras guipuzcoanas.
FENADISMER planteará un frente común del sector del transporte español en caso de prosperar el anuncio realizado la semana pasada por el nuevo Diputado General de Guipúzcoa de instalar un sistema de peaje en la N-I, actualmente gratuita. Dicha propuesta no es nueva, ya que en el año 2010 gobernando la Diputación el PNV, que ha vuelto a recuperar dicha institución, propuso aprobar una medida similar, que no salió adelante como consecuencia del cambio de Gobierno Foral en mayo de 2011.
La A1, a su paso por Guipúzcoa, es utilizada de forma importante por los transportistas españoles en su tránsito hacia Europa, calculándose en más de 7.000 camiones diarios los que transitan por la misma, por lo que la implantación de dicha medida afectaría de forma muy negativa a la competitividad de las exportaciones españolas a la Unión Europea.
FENADISMER considera además que el establecimiento unilateral de dicha medida por parte de la Diputación de Guipúzcoa podría vulnerar el Decreto del Gobierno español sobre traspaso de competencias del Estado al País Vasco en materia de carreteras, al establecerse la obligatoriedad de que la Administración autonómica adopte los mismos objetivos que los establecidos por el Estado para dichas vías nacionales “a fin de asegurar la conveniente coordinación entre los tramos de las mismas comprendidas dentro del actual territorio de la Comunidad Autónoma Vasca”.
En todo caso, debe tenerse en cuenta que el sector de transporte por carretera ya financia sobradamente el presupuesto foral para conservación y construcción de carreteras, por cuanto la Diputación Foral de Guipúzcoa ingresa en sus arcas más de 260 millones de euros anuales procedentes de la fiscalidad que soporta el sector en concepto de impuesto de hidrocarburos y de circulación, lo que contrasta con el presupuesto anual dedicado a la conservación de carreteras que es inferior a los 200 millones de euros.
