Entre las conclusiones del Estudio de los Plazos de Pago en España 2017 que ha elaborado la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, destaca el hecho de que un 72% de los proveedores impone plazos de pago superiores a los legales a sus clientes.
Mientras que los plazos de pago del sector público bajaron ligeramente en 2017, pasaron de 71 a 65 días de media, en el sector privado no ha sucedido así y se mantiene en 77 días. Estos plazos de pago siguen siendo muy superiores a los que fija la Ley de Plazos de Pago (30 días en el sector público y 60 días en el sector privado).
Aunque un porcentaje mayoritario de empresas dice conocer la legislación vigente en materia de plazos de pago y sabe que tiene derecho a cobrar intereses por los días de demora y a cargar la deuda con los gastos por el impago o el recobro, el 92% de las empresas que han participado en el Estudio de Plazos de pago en España 2017 afirma no exigir estos sobre costes en caso de impago o recobro y el 85% no exige el pago de intereses de demora.
Pero, lo más preocupante es que el 72% de los proveedores impusieron plazos de pago superiores a la Ley, ¿por qué? Porque no hay un régimen sancionador que penalice económicamente estas demoras en los pagos. Algo, que la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, de la que forma parte FENADISMER, cree que está en vías de solucionarse si, como se espera, se incluye dicho régimen sancionador en la Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad, que está previsto se apruebe en el Congreso en este semestre.
El pasado 9 de marzo entró en vigor la nueva Ley de Contratación Pública que, entre otras cosas importantes para el sector, impone la prohibición de pactar plazos de pago superiores a los legales, pero que no incluye régimen sancionador en su articulado. Por eso, ahora sí, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad confía en la puesta en marcha de dicho régimen sancionador para que la Ley de Contratación Pública sea realmente efectiva.
