Por fin el Gobierno se compromete con la morosidad

Por fin el Gobierno se compromete con la morosidad Hace unos días se celebró la Segunda Cumbre de Morosidad organizada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, de la que forma parte FENADISMER.

Esta cumbre se celebró con un notable éxito, ya que durante la misma, el Gobierno, representado por Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda, se comprometió en la búsqueda de soluciones contra la morosidad, la primera de ellas en la elaboración de un régimen sancionador para la actual ley contra la Morosidad que carece de él, y en consecuencia, el tiempo lo está demostrando, es poco más que papel mojado.

El objetivo de esta II Cumbre de Morosidad no era que buscar un compromiso entre los representantes políticos y los empresarios para reducir los plazos de pago en España. Por ello era de vital importancia contar con personalidades destacadas de ambos mundos, y por parte del Gobierno el asistente fue Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, quien hizo un anuncio muy esperanzador como es el hecho de que a final de año las administraciones públicas dejarán de ser morosas.

De la II Cumbre de Morosidad ha salido un compromiso de todos los grupos políticos para promover una reforma legal de la actual ley e incluir un régimen sancionador que disuada de las actuales malas prácticas

Y es que mientras que las administraciones públicas (Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) sigan pagando en los actuales plazos y guardando en el cajón facturas de hace… meses el Gobierno no puede legislar en su contra publicando un régimen sancionador que tendría que empezar por sancionar a las Administraciones públicas.

Por eso, en los últimos años se han lanzado varios planes de pago a proveedores, que han aliviado la deuda momentáneamente, porque de forma inmediata las administraciones públicas han vuelto a su misma práctica comercial de pagar tarde, mal y nunca, y a finales de año se va a lanzar el que se espera sea el último. El último, porque debe hacer frente ya a todas las facturas guardadas en los cajones y porque pondrá el contador de la morosidad de los organismos públicos a cero. Una vez hecho esto, sí se puede empezar a hablar de sancionar por pagar tarde.

Pero no solo el plan de pago a proveedores terminará con la morosidad, sino la entrada en funcionamiento de las leyes de deuda comercial y de factura electrónica (que ahora mismo están en tramitación en el Senado) porque pondrán fin a la práctica hasta ahora habitual de dilatar el pago en el tiempo por parte de las diferentes Administraciones Públicas.

Según los informes con los que cuenta la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, de las 500.000 empresas que han cerrado por la crisis, más de un tercio lo han hecho por culpa de la morosidad que ha ahogado su liquidez y la imposibilidad de hacer frente a sus propios pagos y ha dejado a 450.000 trabajadores en la calle

Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad puso de manifiesto durante la celebración de la II Cumbre de Morosidad, la imposibilidad de soportar el hecho de que haya empresas que paguen más allá de los 300 días de plazo. Y es que, las empresas que cotizan en el IBEX 35 han tenido una media de plazo de pago de 178 días en 2012, aunque eso sí, consiguieron reducir en un 13% la morosidad con respecto a los plazos medios con que venían pagando en 2011. Es decir, pagan con un plazo de tiempo superior al doble del permitido en la Ley de Morosidad para 2012 que era de 75 días (desde el 1 de enero de este año, el plazo de pago para las empresas privadas es de 60 días, que ya está bien). Según estos datos, el plazo de pago medio en el sector empresarial, fuera del IBEX 35, es de 93 días cuando la Ley obliga a no superar los 60 días.

Esta práctica tan habitual implica que las empresas más grandes se financian sin ninguna impunidad a costa de las empresas más pequeñas, normalmente pequeñas y medianas empresas y sobre todo autónomos.

Por todo esto, hay una iniciativa en el Congreso de los Diputados de Convergencia i Unió, respaldada por el resto de los grupos políticos para que en el plazo de dos a tres meses se realice una propuesta de Ley para iniciar el trámite parlamentario del régimen sancionador de la actual Ley de Morosidad, donde se fijan los plazos de pago que deben imperar entre las empresas. Pero es que, además, hay una Directiva Comunitaria, de obligado cumplimiento, que establece que los pagos tienen que ser de 30 días, cuando paga una Administración Pública, y de 60 días cuando es entre particulares (empresas privadas) sin posibilidad de fijar contractualmente otros plazos superiores. Y está claro que si esta Ley no se refuerza con el correspondiente régimen sancionador por incumplimiento, no sirve para nada. Y la prueba la encontramos en otros países de nuestro entorno, con plazos de pago que no podemos ni soñar ahora mismo y que tienen su correspondientes y ejemplarizantes regímenes sancionadores, de hecho, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad se ha inspirado mucho en el modelo francés.

Pero, además del régimen sancionador, hay otras propuestas que hace la Plataforma que pueden contribuir igualmente a reducir los plazos de pago y que no son coercitivas, es decir, no implican un castigo ni sanción. Es el caso del establecimiento del mediador extra-judicial, figura que tienen en Francia y que está dando excelentes resultados, además de que podría contribuir a desatascar nuestros más que saturados Juzgados de lo Mercantil.

Otras propuestas son crear un Observatorio de la Morosidad que permitiera conocer con rigurosidad y exactitud el comportamiento de los pagos en nuestros país; crear mecanismos que aseguren que los contratistas paguen a sus subcontratistas, etc.

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