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Son los autónomos y pymes quienes sostienen la sanidad, la educación y las políticas sociales y tienen que ser el centro de la política económica

Escrito por Marisa del Monte
En Actualidad del transporte
Jun 8th, 2020
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El presidente de la Plataforma PYMES ha pedido hoy a los congresistas que cuiden y salven a los que realmente pagan los impuestos que hacen posible la sanidad y educación públicas y las políticas sociales.

El presidente de la Plataforma PYMES, Antoni Cañete, ha estado en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados. Allí ha transmitido un mensaje claro: hay que cuidar más y mejor a los autónomos y a las pymes porque son los que pagan los impuestos que hacen posible una sanidad y educación públicas y las medidas sociales necesarias para que nadie se quede atrás.

Sin embargo, ninguna administración en las últimas décadas ha reconocido esta realidad y ha legislado, no ya para favorecer a estos colectivos, si no para no perjudicarles claramente en contra de los beneficios otorgados a las grandes empresas, las que cotizan el IBEX, a los oligopolios y monopolios.

Ahora, ha llegado el momento de oír a las pequeñas y medianas empresas y darles voz y voto en la necesaria reconstrucción social y económica tras la crisis sanitaria.

La Plataforma Pymes lo tiene muy claro: son tres las áreas principales en las que hay que trabajar:

  • Morosidad
  • Formación
  • Nuevo modelo económico

Y así se lo ha transmitido Antoni Cañete, presidente de la Plataforma PYMES, a los congresistas de los diferentes grupos parlamentarios que forman parte de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social. Porque las pymes representan el 99,8% de las empresas, el 70% del empleo privado, el 60% del PIB y más del 50% de la recaudación fiscal.

Así que ¿a qué están esperando los Gobiernos para legislar en beneficio y no en contra de pymes y autónomos?

La morosidad impide el crecimiento y la competitividad de las pequeñas empresas y de los autónomos

En 2010 desapareció de la Ley de plazos de pago la cláusula “salvo pacto en contra”, que permitía que las grandes empresas pagaran a 300 días y no pasara nada. No es que hayamos mejorado mucho, porque al no haber un régimen sancionador que penalice realmente al moroso, los plazos de pago siguen siendo mucho más elevados que en los países de nuestro entorno (el doble que la media europea o el triple que en Alemania).

La media en España está por encima de los 80 días (89 en el transporte en el mes de mayo en el transporte); no es raro que las empresas del IBEX paguen a 120 días, aunque ellas cobran a un plazo medio de 58 días… Ha habido cuatro gobiernos desde 2010, cuatro propuestas de introducir un régimen sancionador y ninguna ha prosperado, ¿por qué será?

Se les dice a las empresas, pequeñas y autónomos, que pidan financiación ajena, que sea del ICO o no hay que devolver y con intereses, cuando las administraciones les adeudan en facturas vencidas 14.000 millones de euros y las grandes empresas 122.000 millones de euros. Hablamos de facturas vencidas por trabajos realizados, con IVA adelantado por los empresarios, como IRPF e Impuesto de Sociedades.

Las pymes sistemáticamente maltratadas por el sistema español

Cuando las pymes españolas y los autónomos cobran con plazos que van de los 80 días de media hasta los 200 días en algunos sectores; cuando pagan la electricidad un 50% más cara que en Portugal o Francia; no participan más allá de un 19% en la contratación pública frente al 30% de media europeo; pagan intereses por la financiación hasta un 20% superior a la media europea, a pesar de los tipos únicos del BCE, y pagan un Impuesto de Sociedades del 18% frente al 8% de las grandes empresas… se les está restando posibilidad de crecimiento, de inversión, de generación de riqueza, de empleo y de competitividad, tanto en los mercados domésticos frente a los oligopolios protegidos por las leyes, como en los internacionales.

Por eso, Antoni Cañete reitera ante los diputados de la Comisión para la Reconstrucción la necesidad de ir a otro modelo económico, que denomina “capitalismo inclusivo” en el que las pymes y los auntónomos juegan un papel clave; un sistema en el que no hay ventajas para las grandes empresas, como en el sistema actual, en el que las leyes benefician a unos pocos que hacen encarecer los precios y disminuir la competitividad. Habla de los oligopolios y monopolios. Y los ejemplos que hemos puesto más arriba, sobre las diferencias de costes a las que tienen que hacer frente las pymes españolas frente a las europeas, es uno de ellos.

El “capitalismo inclusivo” es un sistema productivo basado en precios justos, igualdad de opciones para todos, respeto al medio ambiente y responsabilidad con el entorno social.

Las pymes tienen que tener voz, ser escuchadas y poder decidir en el desarrollo de un nuevo modelo productivo, porque el actual y el que venimos conociendo desde antes de la crisis sanitaria, no nos va a sacar de la situación crítica que tenemos.

Formación enfocada a crear valor añadido

Otra de las patas del sistema que hay que modificar es el de la formación. Se necesita más formación, sí; trabajadores mejor formados, sí, pero no con la formación que ahora ofrecen los centros educativos.

Para salir de la crisis necesitamos una formación que esté en función de la demanda del sistema productivo. Sin conocimiento no hay innovación, sin innovación no hay valor añadido y sin valor añadido no se puede competir en ningún mercado.

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+ Marisa del Monte Edición de revista técnica transporte mercancías. Edición de medios on-line especializados en transporte de mercancías por carretera.

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