En una comparecencia en el Senado, el Ministro de Transporte, José Luis Ábalos, ha confirmado que las autopistas AP7 y AP2 en Cataluña quedarán libres de peaje a partir del 1 de septiembre de este año, fecha en la que vence la concesión. Pero, advierte, hay que abrir un debate sobre cómo se va a financiar la red viaria española una vez desaparecidos los peajes.
El 1 de septiembre los tramos de la AP7 (Tarragona-La Junquera) y de la AP2 (Zaragoza-El Vendrell (Tarragona)) que siguen siendo de peaje, dejarán de serlo porque finaliza la concesión y revertirán al Estado, como ya ha sucedido con la AP1 (Burgos-Armiñán), AP7 (Alicante-Tarragona) y AP4 (Sevilla-Cádiz). Forma parte del compromiso político que el actual Gobierno realizó al ganar las elecciones en 2018.
Los tramos de peaje de la AP7 y AP2 que quedarán libres de peaje a partir del 1 de septiembre suponen 470 kilómetros que, sumados a los tramos que todavía quedan de peaje en España suponen un coste de 1900 euros/camión/año, según los cálculos realizados por FENADISMER.
También el Ministro de Transporte reconoce el coste económico importante que para los usuarios suponen los peajes de las autopistas, cuando reviertan al Estado todos los tramos, supondrá un ahorro de 850 millones de euros al año para los conductores que ahora mismo transitan por ellos. Así, en palabras de Ábalos, el fin de los peajes supone «una red diaria mucho más equitativa, más igualitaria, más justa entre usuarios y territorios».
Porque, hay que tener en cuenta que, a día de hoy, no todas las provincias tienen peajes, por lo que existe cierta discriminación en función del territorio: permanecen 3.223 kilómetros de peajes en 39 carreteras y solo 21 provincias no tienen ni un kilómetro de peaje.
Se necesita un debate sobre el modelo de financiación de las autopistas
Pero, Ábalos sí que deja una reflexión, que ya ha hecho en otras ocasiones, y es que la red viaria, su conservación, mantenimiento, renovación y ampliación tiene que financiarse y no puede ser con los actuales Presupuestos Generales del Estado, es inasumible, por lo que, dejando claro que él no tiene ninguna posición al respecto, sí que quiere dejar claro que esta cuestión está ya sobre la mesa y que es necesario abrir un debate para alcanzar un consenso sobre su modelo de financiación.
Para FENADISMER, el fin de los peajes supone lograr un modelo de red viaria más segura por la descongestión de la red viaria nacional y por una mejor distribución de los tráficos: ya no se elegirá si autopista o carretera nacional por motivos económicos, si no de distancia, trazado, destino, etc.
Y, además, la Federación aprovecha para recordar al Ministro el compromiso de su Gobierno con el sector del transporte de no imponer ningún tipo de peaje sin consenso con las organizaciones empresariales de transporte.
En el otro lado de la moneda están las concesionarias que reclaman, como es el caso de ACESA, que lo ha hecho formalmente, la prolongación del periodo de concesión de los peajes para recuperar ingresos no percibidos en periodo de estado de alarma en 2020, por la bajada radical del tráfico.
