El baremo de sanciones contra la morosidad en el transporte por carretera ha dado su primer paso tras ser aprobado por el Consejo de Ministros del 9 de febrero. Este baremo, que supone una modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, inicia ahora una tramitación que le llevará al Parlamento para su debate y definitiva aprobación.
Como parte de los compromisos adquiridos con las asociaciones de transporte por el Ministerio de Transporte tras la desconvocatoria del paro en julio de 2020, en septiembre se dio a conocer el proyecto de modificación de la LOTT para introducir en el baremo de sanciones un nuevo tipo infractor contra la morosidad en el sector del transporte y las correspondientes sanciones.
Esta modificación, que debería haberse tramitado por vía de urgencia, se encuentra ahora, seis meses después, dando sus primeros pasos. Aprobado en el Consejo de Ministros, ahora debe ir al Parlamento para que sea debatido, se presenten o no enmiendas y termine siendo aprobado. Con ello, se modificará la LOTT para dar cabida a estas nuevas infracciones y sanciones.
En concreto, el Proyecto de Ley establece un nuevo tipo infractor por el incumplimiento del plazo máximo legal de pago de sesenta días. Asimismo, se prevé la publicidad de las resoluciones sancionadoras impuestas contra las empresas que incumplan este plazo, medida que tiene fines disuasorios, puesto que afecta a la reputación empresarial.
En el texto del proyecto elaborado por el Ministerio de Transportes se afirma que el sector del transporte de mercancías por carretera en España está constituido principalmente por empresas de reducido tamaño, sobre las que impactan duramente las consecuencias del incumplimiento del plazo máximo legal de pago de los servicios de transporte, afectando gravemente a su liquidez y a su competitividad y rentabilidad. Influencia negativa que se ve incrementada por los efectos de la pandemia ocasionada por la Covid-19, al hacerse más difícil la financiación, rompiendo el equilibrio económico de las empresas, hasta el punto de poder condicionar incluso su viabilidad.
La morosidad en el transporte
Según el Observatorio El Quijote que elabora una encuesta sobre morosidad en el transporte mensualmente, el 65% de los clientes de los transportistas pagan a más de 60 días y el plazo medio de pago es de 82 días (datos de 2020).
La Ley de Lucha contra la Morosidad, que está en vigor, es de 2014 y no incluye infracciones ni sanciones relacionadas con la morosidad. Establece un pago de pago de 30 días que puede ampliarse máximo a los 60 días. Sin embargo, la práctica habitual de las grandes empresas para financiarse es pagar a las pequeñas empresas y a los autónomos en plazos de 90 o más días. Práctica habitual también entre las Administraciones Públicas.
Además de la satisfacción que supone disponer de un régimen sancionador propio, con la agilidad que supondría su aplicación ya que serían los propios inspectores de transporte quienes tramitarían estas infracciones y sus correspondientes sanciones, a FENADISMER le preocupa el que en el Parlamento se encuentre ya en debate un proyecto de ley de baremo sancionador contra la morosidad para todas las actividades económicas, incluido el transporte.
La preocupación viene de que, aunque este proyecto de ley esté más avanzado en su tramitación, en la práctica su aplicación sería más complicada y tardía ya que las Comunidades Autónomas, en las que recaerá estas competencias, tienen que gestionar nuevos departamentos, personal, trámites, etc. que llevará un tiempo que no lo llevará el específico del transporte ya que sus competencias están ya atribuidas: los servicios de inspección de transporte de las respectivas Comunidades Autónomas.
La Ley de Lucha contra la Morosidad de 2014 ha sido un fiasco desde su publicación al no incluir ninguna sanción contra las empresas morosas, como viene denunciando la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad desde entonces. FENADISMER, como miembro de dicha Plataforma, incluye entre sus reivindicaciones históricas la necesidad de sancionar a las empresas morosas por el grave perjuicio que ocasionan en la supervivencia de las pequeñas empresas y de los autónomos.
El proyecto de ley de lucha contra la morosidad que ya está en el Parlamento y que afecta a todas las actividades económicas es fruto de los acuerdos adoptados en junio dentro de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica con el objetivo de impulsar la economía muy perjudicada desde la irrupción del Covid19.
