Después de años de predicar en el desierto contra la deslocalización en el transporte, y los gravísimos efectos en las empresas contra las que compiten, FENADISMER se felicita de que por fin en Europa se empiecen a dar pasos contra las “empresas buzón.” Afortunadamente, otros países de la Unión Europea han empezado a sufrir en sus propias carnes los efectos devastadores del dumping social. Ya no estamos solos, ahora tenemos voces de nuestro lado que se escuchan más fuerte (Alemania, Francia. Bélgica, Holanda…) y la Comisión Europea ha decidido intervenir.
Incapaces somos de recordar cuánto tiempo tendríamos que remontarnos para saber en qué momento FENADISMER habló por primera de “dumping social”. Para que todos nos entendiéramos, y porque entonces Rumanía era uno de los paraísos sociales, sino el principal destinatario de nuestras empresas deslocalizadas, se acuñó primero el desafortunado término de “rumanización”, para referirnos a este proceso. Porque las empresas españolas que, en su afán de ahorrar costes y competir con ventaja, se deslocalizaban lo hacían sobretodo en Rumanía.
Pero resultó un término desafortunado, lógicamente, por el componente peyorativo que incluye, así que un tiempo después se empezó a hablar de deslocalización de empresas de transporte, de empresas buzón, de dumping social… Todos los términos se refieren a lo mismo: empresas españolas se establecen en cualquier país con un diferente coste social para seguir haciendo transporte en España, mayoritariamente, aunque también en otros países.
Frente a este proceso, algunos países de nuestro entorno empezaron a poner puertas al campo, ¿cómo? Con el establecimiento de salarios mínimos para los conductores de las empresas de transporte no residentes en sus países, hablamos de Alemania, Francia, Holanda, Italia… Con mayor o menor éxito. Y teniendo en cuenta que estos países han legislado en este sentido no por la competencia de sus propias empresas deslocalizadas (aunque también tienen el mismo problema, no en la misma medida que España) sino, y sobre todo, por el cabotaje de las empresas de transporte del Este de Europa (Polonia, Bulgaria, Rumanía, Lituania, Eslovenia, etc.)
Para hacer aún mayor fuerza frente a este gravísimo problema, capaz de destruir el tejido empresarial de las áreas geográficas donde más competencia hacen estas empresas deslocalizadas), nueve países de la Unión Europea crearon hace unos meses la Alianza por la Carretera, a la que el Gobierno español no quiso, ni quiere, sumarse (FENADISMER entiende que por las presiones de las organizaciones empresariales con un gran número de flotistas deslocalizados).
La Comisión Europea propone medidas contra la deslocalización
Pero, ahora, la Comisión Europea ha dado un paso al frente y ha decidido legislar contra las empresas deslocalizadas. ¡Por fin! Años de quejas, protestas, exigencias de legislar en España contra la deslocalización, de controles a estas empresas, etc. pueden empezar a dar sus frutos. Es una vez más la muestra de que cuando se tiene razón no hay que perder nunca la esperanza.
Tampoco vamos a lanzar las campanas al vuelo, que las cosas de Palacio van despacio, y cuando se trata de la Comisión Europea, el doble de despacio. Todo dependerá de la importancia que los países más potentes de la Unión Europea le den al tema, y creemos no equivocarnos si pensamos que Alemania o Francia se la están dando (ambos tienen implantado el salario mínimo y forman parte de la Alianza por la Carretera).
No sabemos apenas nada de lo que legislará la Comisión Europea contra la deslocalización, salvo que se regulará de forma más restrictiva el acceso a la actividad de transporte por carretera y se obligará a las empresas deslocalizadas en otro Estado miembro a tener una actividad real en dicho país.
Al fin una buena noticia para el transporte.
