Las sanciones de transporte, así como la tramitación de requerimientos de inspección por sanciones ya notificadas, se comunican por vía electrónica desde principios de 2017. La existencia de diferentes administraciones con capacidad sancionadora en materia de transporte y el hecho de que cada una cuente con su propia sede electrónica está generando un auténtico caos para los transportistas.
Tanto el Ministerio de Fomento como las Consejerías de Transporte de las Comunidades Autónomas (y las Diputaciones provinciales forales o los Cabildos insulares) usan sus propios servicios de notificación electrónica para comunicar el inicio de expedientes sancionadores en materia de transporte o bien tramitaciones de nuevos requerimientos de expedientes ya abiertos. Esto obliga a los transportistas a acceder a múltiples sedes electrónicas para consultar las posibles comunicaciones y que no se les pase ninguna posible comunicación y sobre todo los plazos para responder a los mismos, ya que no hacerlo en plazo supone una sanción por infracción muy grave por obstrucción a la labor inspectora, con multa de hasta 4001 euros.
Esta situación está causando gran desconcierto y preocupación entre los transportistas y en FENADISMER que considera que esta dispersión de notificaciones en materia de inspección y sanción genera una gran indefensión e inseguridad jurídica en el colectivo de transportistas, por lo que va a exigir que en la tramitación del nuevo Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres se establezca la obligatoriedad para todas las Administraciones Públicas con competencia en materia de transportes que utilicen una sede común de notificación electrónica de expedientes sancionadores, sin prejuicio de que adicionalmente puedan utilizar sus sistema de notificación autónoma.
