Cinco meses después de que se dictara la primera
sentencia en relación con el cártel de camiones, las sucesivas sentencias que
se han ido emitiendo están siendo muy dispares, tanto en el resultado favorable
o desfavorable como en la fijación de la en la cuantía de la indemnización.
Según han informado desde FENADISMER, las sentencias que están saliendo de los diferentes juzgados de primera instancia en relación con las reclamaciones de los transportistas contra el denominado cártel de los camiones están siendo muy diferentes y contradictorios.
En los casos en los que la sentencia ha sido desfavorable para el transportista se ha debido, según FENADISMER, a que los informes periciales que acompañaban a la demanda “no estaban suficientemente motivados y adolecían de falta de rigor técnico”.
Pero también en las resoluciones favorables a los transportistas también divergencias importantes a la hora de establecer el método de cálculo para fijar el importe de la indemnización. Algunos juzgados han rechazo tanto el informe pericial presentado por el transportista como el aportado por el fabricante, y han recurrido a métodos de cálculo alternativos. En varios de estos casos, según informan desde FENADISMER, los juzgados han recurrido a la Guía Práctica de la Comisión Europea (Informe Oxera) que analiza la distribución porcentual de sobreprecios aplicados en otros juicios contra cárteles anteriores.
Lo sorprendente es que con la misma referencia, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia concluyó que el porcentaje de indemnización debía ser del 5% del valor de adquisición del camión, mientras que en Bilbao ascendió hasta el 15%.
Por todos estos motivos, desde FENADISMER se reitera “la advertencia a los transportistas que vayan a reclamar contra los fabricantes absoluta cautela y prudencia sobre los fallos dictados hasta la fecha, teniendo en cuenta que su resolución final conllevará una larga batalla judicial hasta el Tribunal Supremo, en un plazo que se estima no inferior a diez años para su resolución final”. Y recuerdan que “las reclamaciones de los camiones adquiridos en España contra el cártel de fabricantes también pueden ser presentados en otro país de la Unión Europea, algunos de los cuales cuentan con jurisdicciones más especializadas para la resolución de este tipo de controversias y más ágiles en su resolución judicial”.
