La Comisaria de Transportes de la Unión Europea, la rumana Adina Valean, se ha reunido con los Ministros de Transporte de los países del Este de Europa para tratar el Acuerdo verde Europeo y el Paquete de Movilidad, del que están todos abiertamente en contra, incluida la Comisaria.
Por primera vez sucede en la historia de la Unión Europea que un alto cargo institucional, como la Comisaria de Transportes actual, la rumana Adina Valean, se posicione abierta y públicamente contra un proyecto legislativo de calado, que ha superado prácticamente todos los trámites para llegar a su ratificación en las próximas semanas por parte del Consejo y del Pleno del Parlamente Europeo, como es el caso del Paquete de Movilidad.
Lo que debería ser un mero trámite para su definitiva aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Europea, ha pasado a ser una carrera contrarreloj por parte de la Comisaria de Transportes para conseguir el rechazo de los parlamentarios comunitarios o, si no, abiertamente se amenaza la viabilidad del mismo.
Ahora, la Comisaria de Transportes se ha reunido con los Ministros de Transporte de Bulgaria, Rumanía, Chipre, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y Estonia, para tratar el Acuerdo Verde Europeo y el Paquete de Movilidad.
Evidentemente, la Comisaria ha encontrado aliados en estos países en su cruzada contra el Paquete de Movilidad, quienes no tienen ninguna dificultad en justificar esta oposición por razones climáticas y medioambientales (al hilo del Acuerdo Verde Europeo) aunque algunos de estos países han sido muy críticos, y han conseguido moratorias en la aplicación de la exigente política medioambiental, con la política comunitaria de reducción de emisiones.
Para estos países, el Paquete de Movilidad «contradice la libertad básica de proporcionar servicios en el mercado único, el principio de libre circulación de los trabajadores, así como las políticas y objetivos de la Unión Europea sobre el clima«.
Esto viene por la obligatoriedad de que tanto camiones como conductores retornen periódicamente a sus países de establecimiento fijada en el Paquete de Movilidad. Porque, afirman, estas disposiciones suponen más viajes en vacío de los vehículos y más emisiones de CO2.
Y, siguen diciendo, que esto es contrario a la política comunitaria de reducción de emisiones y lucha contra los gases de efecto invernadero de los que el transporte representa una cuarta parte de las mismas.
Tampoco están de acuerdo con la nueva regulación del cabotaje porque consideran va a tener un efecto negativo en el Mercado Único.
Y, esgrimen otra razón, su desventaja geográfica (¿?), porque sus países, al encontrarse geográficamente en una «posición desfavorecida» tendrán dificultades para situar camiones en el mercado único ya que sus vehículos tendrán que cubrir distancia mayores y superar «barreras naturales significativas, especialmente en el caso de las islas«.
