El Comité Nacional ha emitido una nota de prensa en la que exige la derogación definitiva del peaje a camiones en Guipúzcoa, ya que en la actualidad sigue haciendo pagar a los camiones que transitan por la N1 y A15 en su territorio a pesar de haber ya tres sentencias en contra.
El Comité Nacional no quiere esperar a que una segunda sentencia del Tribunal Supremo le vuelva a dar la razón, como presume que será, y derogue de forma definida el peaje a camiones que la Diputación Foral de Guipúzcoa mantiene sobre la N1 y A15 en su territorio.
Como os comentamos hace unas semanas, cuando se publicó la sentencia del Tribunal Supremo que declara nula la norma Foral 7/2016 del 15 de diciembre, Guipúzcoa ha decidido mantener el cobro del peaje a camiones mientras espera que el Tribunal Supremo vuelva a pronunciarse sobre el recurso de casación que interpuso en relación con la Norma Foral 6/2018 que dictó en sustitución de la anterior con el fin de sortear una nueva sentencia en contra del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, lo que aún así sucedió.
Lo que sí pueden reclamar ya los transportistas es el importe del peaje correspondiente al periodo que estuvo en vigor la primera Norma Foral, del 9 de enero de 2018 al 14 de mayo de 2019. Y, en relación con estas reclamaciones, el Comité Nacional confía en un comportamiento racional y honesto tanto de la empresa pública BIDEGI, encargada de la gestión y cobro de los peajes, como de la propia Diputación de Guipúzcoa.
Además, el «Comité reclama a las Juntas Generales de Guipúzcoa que, por propia iniciativa derogue la Norma Foral 6/2018, de 12 de noviembre, dictada en sustitución de la Norma de 2016, reproduciendo esencialmente el mismo sistema ilegal y discriminatorio de cobro al transporte de mercancías, y que también fue declarada nula por sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 5 de mayo del 2020, actualmente pendiente de la tramitación de recurso de casación del que se presume idéntica resolución de la que se dictó respecto de la norma de 2016.
Es de esperar de las instituciones públicas un comportamiento racional y honesto, cuando ya por dos veces, se ha rechazado por los tribunales el sistema establecido, ocasionando un perjuicio injusto a los profesionales de transporte.”
