Tras la sentencia del Tribunal Supremo que 28 de septiembre en la que anula el requisito de antigüedad máxima de los vehículos para acceder al transporte, el Comité Nacional ha emitido un comunicado en el que expresa su máxima preocupación por cómo va a influir esta circunstancia en el mercado de transporte y en otros aspectos y urge al Ministerio de Transportes al establecimiento de nuevos requisitos para acceder al sector.
El Tribunal Supremo ha dado la razón a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en su recurso contra el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, como ya os comentamos la semana pasada. Se trata de que el Tribunal Supremo también considera que exigir una antigüedad máxima de cinco meses a los vehículos para acceder al sector es una barrera artificial, discriminatoria e injustificada.
Evidentemente, las organizaciones empresariales de transporte que componen el Comité Nacional no lo ven igual que el Tribunal Supremo. A lo mejor, porque su mayor conocimiento del sector les lleva a ver los peligros que implica eliminar la antigüedad máxima de los vehículos para acceder que suponía el medio por el cual nuestra flota de transporte, que de por sí tiene una elevada edad media, no era excesivamente «vieja».
Ahora, se lamenta el Comité Nacional todo vale, y camiones de 20 o más años que tengan la ITV en vigor servirán para acceder al mercado de transportes. Un mercado en el que los actores que ahora están han invertido mucho para disponer de vehículos modernos, seguros y eficientes, desde el punto de vista del consumo y de las emisiones.
Sin embargo, consideran las organizaciones de transporte, el mensaje que transmiten el Supremo es que ahora todo vale, y que invertir en flotas modernas y seguras no merece la pena cuando la eliminación de este requisito va a suponer o permitir la entrada en el sector de sujetos que, en condiciones normales, no deberían estar. Es decir, se da pie a la entrada en acción de un elemento más que distorsione un mercado que ya de por sí está en una situación muy frágil.
Se lamenta el Comité Nacional de las consecuencias negativas de esta supresión, que será efectiva en cuanto se publique en el BOE: aumento de la siniestralidad por el aumento significativo de la edad media de la flota; aumento de las emisiones, de la edad media de la flota, perjuicios para el medioambiental y para la seguridad vial y, por supuesto, una pérdida de la calidad del servicio.
Reprocha además el Comité Nacional al Supremo que hayan prevalecido los intereses de las empresas que negocian con vehículos usados o la supuesta «versatilidad de la profesión de transporte» que razones obvias de seguridad vial y salud pública. Ya que no importa mantener un necesario equilibrio en una actividad esencial como es el transporte de mercancías.
Por eso, el Comité en su conjunto ha emitido un comunicado en el que urgen al Ministerio de Transportes a establecer nuevos requisitos de acceso a la profesión de transportista que no permitan que el mercado de transporte se convierta en una «selva».
