Hace unos días, el Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición no de Ley para instar al Gobierno a elaborar y poner en marcha un régimen sancionador contra la morosidad.
Tras la última reforma de la Ley de lucha contra la morosidad, aprobada en 2014, se estableció un plazo “normalizado” de pago de 30 días, contados desde la entrega del bien o la prestación del servicio, incorporando además una norma imperativa que prohíbe que el plazo de pago pactado entre las partes supere los 60 días naturales. Sin embargo, en la práctica, la falta de un régimen sancionador que penalice el incumplimiento de dicha prohibición ha permitido la carencia de efecto real de dicha norma legal, provocando una mayor tensión en las relaciones comerciales.
Así, en el caso del sector del transporte por carretera, el Observatorio de la Morosidad, que mensualmente elabora FENADISMER en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte, arroja datos preocupantes sobre el nivel de incumplimiento de la ley de morosidad, al evidenciar que más del 70% de los clientes de los transportistas no cumplen los plazos máximos establecidos por la ley, habiéndose situado el plazo medio de pago en 2016 en 85 días.
Para luchar contra dicha lacra, FENADISMER junto con las restantes organizaciones que componen la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, ha venido exigiendo el establecimiento de un régimen sancionador que corrija dichas prácticas abusivas, tomando como referencia el existente en los países de nuestro entorno.
Fruto de dicha actuación conjunta con la Plataforma contra la Morosidad, la semana pasada el Congreso de los Diputados aprobó, con el voto favorable del 99% de la Cámara, una Proposición no de Ley para la implantación de un Régimen Sancionador contra la morosidad, en los siguientes términos:
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
-Implementar medidas para establecer un régimen sancionador que sirva de instrumento disuasorio para combatir el retraso intencionado de los pagos.
-Llevar a cabo campañas divulgativas específicas para concienciar a todos los agentes económicos de la necesidad de cumplimiento de los plazos de pago a sus proveedores y acreedores comerciales para un funcionamiento más eficiente de nuestra economía.
-Exigir en las licitaciones públicas a los grandes contratistas una certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago a las empresas que subcontratan.”
