Por razones de bienestar animal y falta de confianza en el control que, de esta materia se hace en terceros países, Europa quiere prohibir el transporte de animales vivos a terceros países. Sería un grave perjuicio no solo para ganaderos españoles, si no también para los transportistas de este sector, como pone de manifiesto ANTA.
ANTA, asociación nacional de transporte de animales vivos integrada en FENADISMER, asiste alarmada a la propuesta de modificación de la reglamentación comunitaria de bienestar animal que afecta al transporte de animales vivos: algunos países europeos han propuesto la prohibición de exportación de animales vivos a terceros países, porque no confían en el control de las normas básicas de bienestar y sanidad animal que se apliquen en estos países, muy alejadas de las de la Unión Europea.
La semana pasada se celebró un Consejo Europeo de Ministros de Agricultura en los que algunos países expusieron esta postura, no es el caso de España, que sí es partidaria de endurecer as normas para la exportación, pero sin llegar a su prohibición.
El sector del transporte de animales vivos, compuesto por 3500 empresas de transporte, está sometido a una fuerte reglamentación administrativa por diferentes administraciones con competencia, transporte y agricultura (en lo que se refiere a bienestar y sanidad animal). Su trabajo es bastante complicado y especializado y dependen bastante de la exportación de animales vivos desde las granjas españolas a la Unión Europea y a terceros países.
ANTA rechaza de plano esta prohibición de exportar animales vivos a terceros países porque el impacto tanto en las granjas como en el sector del transporte afectaría muy negativamente: en 2022 se exportaron 68.000 toneladas de animales bovinos vivos cebados en España a terceros países, lo que supuso 3.400 viajes; en cuanto a la ganadería ovino-caprina se exportaron 570.000 toneladas solo a Jordania y Arabia Saudí, lo que supuso 2200 viajes en camión hacia los puertos españoles de salida.
Esta prohibición, de llevarse a cabo, supondría el cierre de granjas españolas que dan trabajo a un importante número de empresas de transporte de animales vivos: el 10% de la producción se destina a la exportación y el 30% de la producción ovino-caprina.
Y es que el objetivo que se pretende conseguir, obligar a mejorar el bienestar animal en estos países, no se va a conseguir dejando de exportar desde Europa, porque se proveerán en otros mercados (como brasil, Argentina o Australia) con unas normas en bienestar y sanidad animal mucho más relajadas que las de la Unión Europea.
