Dice la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, de la que forma parte FENADISMER, que hay 130.000 millones de euros en facturas vencidas y no pagadas por parte de administraciones públicas y grandes empresas. ¿A qué estamos esperando para obligarlas a pagar?
La crisis económica y financiera (y social y sanitaria, pero éstas ahora mismo no son nuestra lucha, son la lucha de otros que cuentan con todo nuestro apoyo) que vivimos no tiene precedentes. No lo decimos nosotros, lo dicen los expertos, quienes equiparan esta situación, y lo que se avecina por la parálisis económica, a la Gran Depresión.
Para las pequeñas y medianas empresas, la falta de ingresos actuales (de facturación para ser exactos en muchos casos) debería ser un problema en el futuro, pero no ahora. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en esta actividad se factura hoy y se cobra… a ¿90, 100, 120… días?
Lo que necesitan las empresas hoy es liquidez. Se les sugiere que aplacen cuotas de la Seguridad Social o Impuestos… Muy bien, es una opción. Se les dice que pueden acceder a los préstamos ICO (algunos sectores como el transporte están teniendo serios problemas para acceder con los bancos haciendo un gran papelón), que los autónomos pueden solicitar la prestación por cese (un 70% de la base de cotización con una duración equivalente al estado de alarma)…, pero lo que no se exige, no hemos visto ninguna propuesta, ninguna Resolución, ninguna Orden… es que los Ayuntamientos y las grandes corporaciones empresariales paguen todas y cada una de las facturas vencidas y guardadas en un cajón.
Suponemos que aprovecharán el estado de alarma para seguir paralizando y retrasando pagos.
Lo denuncia la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad quien afirma que los Ayuntamientos disponen ahora mismo de un remanente superior a los 12.000 millones de euros, que no pueden utilizar para pagar a sus proveedores (normalmente autónomos y pequeñas empresas) porque se lo impide la Ley de Estabilidad Presupuestaria (que les obliga a guardar un remanente para situaciones imprevistas… ¿una pandemia y la destrucción masiva del tejido empresarial no lo es?)
A esto, sigue denunciando la PMcM, hay más de 130.000 millones de euros en facturas vencidas y no pagadas, entre las administraciones públicas y las empresas cotizadas. Serían 130.000 millones de euros de liquidez inyectada directamente en el tejido empresarial.
Es más fácil obligar a pequeños empresarios a solicitar financiación, que no saben si van a poder pagar, negociar con sus arrendadores, sus bancos, sus proveedores… aplazamientos de pagos, intereses de demora… ERTE’s, cierres… que obligar a las administraciones y a las grandes empresas a pagar sus deudas con los autónomos y pequeñas empresas.
La inyección de liquidez no va a solucionar sin más la crisis económica que se nos viene encima, pero seguro que podría paliarla, y mucho, porque podría fomentar que la mayoría de los negocios se mantuvieran vivos y pudieran ir retomando su actividad a medida que podamos ir haciendo una vida más normal.
