El pasado 11 de marzo, FENADISMER celebró en Madrid su asamblea ordinaria en la que entre otros temas, se denunció la excesiva internacionalización de un cada vez mayor número de las flotas españolas.
En palabras de Julio Villaescusa, se está dando una preocupante y “excesiva rumanización”. Afortunadamente, la Inspección de Trabajo, informada de esta situación, ha manifestado un vivo interés en conocer la forma y el fondo de la cuestión así como si se está cumpliendo la legislación laboral aplicable en estas situaciones de traslado de trabajadores a nuestro país.
Y es que son cada vez más las flotas españolas que venden parte o todo de sus camiones (cuando no se los colocan a sus hasta ese momento asalariados que tienen que convertirse en autónomos por la vía rápida), despiden a sus trabajadores y compran otros tantos camiones para matricularlos en Rumanía, Bulgaria,… cualquier país con unos costes salariales bastante inferiores a los españoles. Contratan conductores del país que por un salario menor prestan los mismos servicios que venían prestándose con la empresa “española”. Las ventajas para las flotas que se van fuera están claras: menor coste social y fiscal.
A la Inspección de Trabajo le genera dudas el que tantas flotas hayan despedido a sus trabajadores en España para establecerse en otros países con menor coste social, laboral y fiscal y seguir haciendo el mismo trabajo que venían haciendo en territorio nacional pero con trabajadores extranjeros y camiones con matrículas también extranjeras.
Pero, la Inspección de Trabajo ya tiene conocimiento del asunto y ha manifestado un vivo interés por conocer si se está cumpliendo la legislación española en esta materia. Y es que cuando una empresa “extranjera” desplaza a sus trabajadores a nuestro territorio tiene la obligación de retribuir y establecer las condiciones de trabajo (jornadas, permisos, vacaciones, etc.) exactamente igual que como indica la legislación española para el resto de los trabajadores nacionales del sector (con lo cual la ventaja de irse fuera no sería tanta ventaja), además de la consiguiente obligación de comunicar a la Inspección de Trabajo el traslado de estos trabajadores extranjeros a nuestro territorio, precisamente para poder comprobar que se está cumpliendo la legislación española. Y es obligatorio comunicar este traslado de trabajadores extranjeros y que cumplan con nuestra normativa social y laboral siempre que el trabajador esté desplazado un periodo mínimo de 8 días, en un año, no tienen que ser consecutivos, ni en un mes, si no en un año, repetimos.
Las organizaciones presentes en la Asamblea dejaron claro el profundo malestar por la modificación de la LOTT en alguno de sus actuales términos. Y es que, de salir así publicada la frustración generada en el sector podría dar lugar a reacciones de rechazo a la misma
Además la asamblea de FENADISMER debatió y denunció otros temas que preocupan y no poco. Uno de ellos, la modificación de la LOTT que parece hecha para dejar al transportista autónomo sin argumentos. Ante el descontento generalizado por esta modificación y teniendo en cuenta la frustración que se va a generar en caso de seguir adelante tal cual, las organizaciones presentes en la asamblea advirtieron de que pueden producirse reacciones de rechazo a la misma.
Otro tema controvertido en la asamblea la obligación cada vez más generalizada que los grandes distribuidores imponen a los transportistas de realizar la carga y la descarga (por cierto que en la modificación de la LOTT está prohibición desaparece, por lo que los transportistas quedarían más indefensos). Es una situación contraria a la prevención de riesgos laborales además de suponer un acto de economía sumergida. Solo por eso, debería dejar de imponerse esta obligación a los transportistas. Pero como no es bastante, tendrá que actuar la Inspección de Trabajo.
Finalmente, se insistió en otro de los temas, que ya denunciamos en el boletín anterior y es la, otra vez, generalización de que el transportista tenga que realizar la carga y la descarga en las grandes superficies. Una vez más volvemos a denunciar este abuso que se viene produciendo, que se va extendiendo como consecuencia de la crisis ya que el transportista está aún en peor situación ahora frente al cargador que hace unos años. Pero la realización de estas operaciones por parte del transportista incumple y es contraria a diversas normas. A la prevención de riesgos laborales porque se ve obligado a utilizar una maquinaria para la que no ha sido formado y en unas instalaciones que no conoce. Y hay que tener en cuenta un hecho importante, si sucede algo la responsabilidad no es solo del cargador, es también del transportista. Y además, puesto que estas labores no se pagan ni se incluyen en los albaranes ni en las facturas suponen un acto de economía sumergida denunciable y susceptible de ser perseguido por Hacienda como tal.
Mientras tanto una vez más, las grandes distribuidoras ahorrando costes (mozos de almacén) a costa de los transportistas.
