Guipúzcoa emprende una «guerra sucia legal» para mantener el cobro de los peajes en la N1 y en la A15

Guipúzcoa ha emprendido una "guerra sucia legal" contra la anulación de los peajes a camiones en la N1 y A15.

La Diputación Foral de Guipúzcoa busca la forma de seguir adelante con los peajes en la N1 y A15 en el caso de que el Tribunal Supremo, al que recurrió tras la primera sentencia en contra de los peajes a camiones por parte del TSJ del País Vasco, de la razón al Tribunal vasco y declare la ilegalidad de los peajes.

Denuncia FENADISMER los diferentes «malabarismos» legales que está llevando a cabo la Diputación Foral de Guipúzcoa, en concreto la Diputada de Infraestructuras, Dña. Aintzane Oiarbide, para mantener los peajes en la N1 y A15 a pesar de las dos sentencias en contra del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que los ha declarado ilegales.

Además de señalar la posibilidad de convertir las normas forales en leyes, de forma que no puedan ser recurridas por «cualquiera», si no solo por grupos parlamentarios o el Defensor del Pueblo, como establece nuestro sistema constitucional, ahora ha recurrido al Tribunal Supremo, que está apunto de pronunciarse sobre el recurso de casación interpuesto por la propia Diputación Foral de Guipúzcoa contra la primera sentencia en contra del peaje del TSJ del País Vasco, para tratar de declarar la incompetencia de dicho Tribunal con el argumento de que la norma foral que declara el peaje en la N1 y A15 a camiones tiene carácter «tributario», es decir, que se trata de un impuesto más cualquiera.

Este argumento es injustificable por varias razones: porque el peaje lo estableció la Comisión de Infraestructuras de las Juntas Generales de Guipúzcoa y no la Comisión de Hacienda; porque el cobro y gestión se hace a través de una empresa privada de capital público (Bidegi) y porque ya se aplica el IVA al importe del peaje.

Si el Tribunal Supremo le diera la razón y considerara que es una norma de carácter tributario, solo el Tribunal Constitucional podría revisar la constitucionalidad o no de la norma foral que fija los peajes y ningún afectado, agrupado o no, a través de asociaciones o no, podría impugnarla.

Hace dos años que la Diputación Foral interpuso el primer recurso de casación el el Tribunal Supremo, y solo ahora se le ocurre solicitar la incompetencia del alto Tribunal vasco. Solo parece un intento a la desesperada de tratar de sortear una posible sentencia en contra.

Y es que, sin duda, la Diputación Foral de Guipúzcoa, con dos sentencias en contra ya del peaje a camiones, y que ha seguido cobrando desde enero de 2018 a pesar de ellos, teme una sentencia en contra del Tribunal Supremo que le obligue a devolver el dinero cobrado indebidamente («ilegalmente») a los transportistas españoles, y extranjeros, que lo reclamen.

Lo que ya no sorprende es ver el poco espíritu democrático de nuestros políticos y el «mal perder» y «mal talante» del que algunos no tienen ningún reparo en hacer gala de forma continua, manifiesta y pública. Da igual perjudicar a miles de ciudadanos y empresas o que un alto Tribunal declare por dos veces ilegal una norma, lo que importa es no reconocer un error.

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