Los agentes de control españoles y de otros países europeos están procediendo a incautar tarjetas de tacógrafo «portuguesas» de conductor por no cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria, lo que las convierte en «ilegales». Todo se debe a un error de la administración competente portuguesa pero, mientras tanto, estos conductores pueden ser sancionados por carecer de la tarjeta de tacógrafo.
En tanto la autoridad competente portuguesa soluciona el problema, las tarjetas del tacógrafo de conductor emitidas por el Instituto de Movilidad y Transportes de Portugal desde 2019 son ilegales, no cumplen con los requisitos de homologación exigidos por la reglamentación comunitaria.
En las últimas semanas, empresas de transporte españolas han puesto sobre aviso de esta situación porque han sido sancionadas en territorio español al carecer su conductor de una tarjeta de tacógrafo válida, puesto que la tarjeta de la que disponen es «ilegal» oficialmente al carecer de la homologación obligatoria exigida por la norma comunitaria (las autoridades portuguesas «han olvidado» incluir el número de homologación EC1 exigido en el reverso de la tarjeta).
Esta situación conlleva la incautación de la tarjeta de tacógrafo «ilegal» y la imposición de una sanción económica a la empresa de transportes que es la responsable de que el conductor cuente con una tarjeta de conductor en vigor. Son muy numerosos los conductores portugueses contratados por empresas españolas, sobre todo las que tienen su domicilio cercano a la frontera.
Esta situación no se ha producido solo en España, también en otros países comunitarios, donde se han incautado de estas tarjetas de conductor «ilegales». España ha advertido al Gobierno portugués de esta situación, quien ha afirmado que todo se ha debido a un error que afectaría a un importante número de tarjetas CAP y conductores y que hasta el mes de mayo no van a poder subsanar.
Para solucionar el asunto a corto plazo, el Instituto de Movilidad y Transportes portugués, que es el competente en tarjetas CAP, ha propuesto emitir una declaración oficial a todos los conductores que lo precisen, a través de las asociaciones de transporte, para que la muestren en los posibles controles en carretera a los que se vean sometidos, junto con la tarjeta de conductor «ilegal» «apelando a la sensibilidad de las autoridades de cada país para evitar la incautación de la documentación o la imposición de multas por la falta de aprobación de sus tarjetas«.
La administración portuguesa, consciente del daño que se está haciendo a las empresas y conductores con esta situación, ha manifestado su intención de hacerse cargo de las sanciones que se impongan en los distintos países europeos, por lo que es importante que se ponga en conocimiento de las asociaciones de transporte cualquier multa derivada de este error.
La Inspección de Transporte del Ministerio de Transportes español, consciente de la situación va a emitir una Instrucción a las Comunidades Autónomas para que no se incauten de estas tarjetas ni sancionen a la empresa de transportes.
