Los gruistas no terminan de cerrar el conflicto con las compañías que les contratan y pagan sus servicios, especialmente con RACE, que no solo se niega a subir los precios que viene pagando a las empresas de auxilio en carretera para actualizarlos con la subida de costes, si no que les ha puesto en pie de guerra por malas prácticas en aquellos territorios en los que se niegan a prestar servicios a sus asegurados.
En el País Vasco desde hace dos meses y en Cádiz desde hace varias semanas, los gruistas se niegan a atender los servicios de los clientes asegurados a través de RACE por mantenerse en una negativa tajante a la repercusión de los costes en los precios que vienen cobrando.
Las empresas pertenecientes a la Alianza Nacional de Auxilio en Carretera están recogiendo pruebas contra el RACE y las malas practicas que viene empleando en estos territorios para denunciarlo ante Trabajo y Transportes.
Las denuncias de los gruistas que han llegado a FENADISMER mantienen que el Race para prestar servicios en País Vasco y Cádiz, además de continuar incumpliendo la legislación sobre la repercusión obligatoria de la variación del precio del gasóleo en sus tarifas, ha traído empresas de fuera del País Vasco para cubrir estos servicios que no prestan las empresas de auxilio en carretera radicadas allí; los vehículos con los que prestan los servicios, que no tienen base en el País Vasco, no conectan el tacógrafo y hacen jornadas más allá de los límites legales ya que los conductores/operarios se trasladan también desde otras provincias y son alojados, circunstancialmente, en Euskadi; estos operarios perciben salarios menores de los establecidos en el País Vasco y utilizan vehículos que no están debidamente autorizados para realizar este transporte e, incluso, que no cumplen con las características técnicas necesarias para no exceder el peso con la carga de los vehículos averiados o accidentados.
Estos son algunos de los hechos que relatan los empresarios legalmente establecidos en el País Vasco y de los que están recogiendo pruebas documentales para interponer las correspondientes denuncias en Hacienda, Trabajo y Transportes.
