La Comisión Europea sancionó en julio de 2016 a seis fabricantes de camiones por prácticas contrarias a la competencia. Instaba además, a los transportistas a que iniciaran procesos de reclamación contra dichos fabricantes por los perjuicios ocasionados por estas prácticas anticompetitivas.
Todos los fabricantes de camiones europeos fueron sancionados con una cantidad superior a los 2900 millones de euros. Solo Scania quedó fuera, de esta primera sanción, porque desde el principio negó su pertenencia a dicho cártel europeo de fabricantes de camiones, como se ha dado en llamar. La Comisión Europea está valorando la situación de Scania por separado y no ha emitido aún ninguna resolución sancionadora contra el fabricante sueco.
La situación, sin embargo, no es tan sencilla. La posible indemnización a la que pudieran tener derecho los transportistas por la compra de camiones en el periodo en el que estuvo en vigor dicho cártel de camiones, está sujeta a una valoración del daño sufrido por el sobrecoste, que dice la sentencia de la Comisión Europea, los transportistas pagaron en esos años (entre 1997 y 2011).
Según la Comisión Europea, los fabricantes de camiones sujetos a esta sanción, pactaron en estos años los precios de venta de camiones de más de seis toneladas de MMA así como de las tractoras, además de retrasar la introducción de nuevas tecnologías para mejorar las emisiones de los vehículos.
Multitud de despachos de abogados se han ofrecido a los transportistas desde que se conoció la sentencia para llevarles la reclamación contra este cártel, pero la complejidad de la reclamación hace necesario conocer muy en profundidad los procedimientos judiciales aplicables, así como la legislación. Por eso, la Fundación Quijote para el Transporte ha organizado una Jornada Técnica, que contará con la presencia de Magistrados, Jueces, catedráticos y docentes universitarios, así como responsables de los organismos españoles de Defensa de la Competencia, y que se celebrará el próximo 26 de octubre en la Asociación de la Prensa de Madrid (C/ Claudio Coello 98).
La inscripción está abierta para abogados, técnicos y empresarios del transporte que puedan estar interesados en el estado actual de esta reclamación.
