La Comisión Europea va a establecer medidas legales contra las empresas deslocalizadas, las empresas que se establecen en un Estado miembro distinto al de residencia no para trabajar en él, sino para seguir trabajando en su país de establecimiento con un diferencial de costes social importante. Dumping social en resumidas cuentas.
La Comisión Europea ha confirmado que a lo largo de este trimestre presentará las medidas legislativas para intentar poner coto a la situación de competencia desleal y dumping social que ejercen las empresas deslocalizadas sobre las que no lo están, suponiendo uno de los mayores riesgos para la supervivencia de gran parte de las empresas en las áreas geográficas en las que trabajan, por la imposibilidad de competir con ellas en precio debido al importante diferencial de coste social entre las empresas deslocalizadas y las no deslocalizadas.
Entre las medidas que propondrá la Comisión Europea, FENADISMER ha podido saber que se endurecerá la actual regulación de acceso a la actividad de transporte por carretera y se exigirá a las empresas deslocalizadas que tengan una actividad real económica en el Estado miembro que no Estado de establecimiento y en el que han localizado una empresa buzón, como se las conoce hasta ahora.
Ya es conocido de todos los intentos que algunos Estamos Miembros han hecho para poner límites en sus países a la deslocalización y al cabotaje ejercido por empresas de los países del Este de Europa (donde el coste social de los conductores es muy inferior al de los países occidentales), como el salario mínimo en Francia, Holanda, Bélgica, Alemania o Italia o la creación de la Alianza por la Carretera integrada por nueve países, y de la que España, inexplicablemente, no forma parte, a pesar de las críticas de organizaciones empresariales como FENADISMER, que lleva años denunciando el alto riesgo que para el sector de transporte español supone la competencia ejercida por las empresas deslocalizadas.
