Fomento ha decidido incluir a las cooperativas de trabajo asociado y a sus socios, que actúan de manera irregular al facturar ellos el transporte a su nombre (y tributan en módulos), cuando la transportista es la cooperativa ya que es la titular de las autorizaciones de transporte, como objetivo prioritario de la Inspección de Transporte 2020. La sanción, 4001 euros por servicio.
La LOTT prohibió expresamente en 2013, cuando se publicó su última versión, que los socios de las cooperativas pudieran facturar a su nombre cuando es la cooperativa la titular de las autorizaciones de transporte, lo que sucede en las cooperativas de trabajo asociado.
Es la cooperativa la que factura a los clientes por los servicios de transporte y los cooperativistas a la cooperativa, y su tributación no puede hacerse en régimen de módulos, sino que debe hacerse en estimación directa.
La continuidad de los módulos ha favorecido esta práctica ilegal
Sin embargo, han florecido cooperativas de trabajo asociado en algunas comunidades autónomas que ofertan a los socios su inclusión y tributación en el régimen de módulos porque facturan ellos los servicios a sus clientes, lo que está expresamente prohibido en la Ley.
Para FENADISMER esto no es solo un problema legal, es un problema de descrédito para el resto de cooperativas, la mayoría por otra parte, que actúan legalmente al facturar ellas a su nombre los servicios de transporte realizados por sus socios.
La pervivencia de los módulos estos últimos años, y con toda seguridad también en 2020, ha permitido que estas cooperativas se sirvieran de este régimen fiscal para florecer en determinadas comunidades autónomas.
Sanción de 4001 euros por servicio por facturar el socio y no la cooperativa
Por eso Fomento, dada la pervivencia de los módulos en 2020, ha decidido actuar contra esta práctica fraudulenta e iniciar una inspección exhaustiva de estas cooperativas y de sus socios, y en caso de confirmarse que facturan a su propio nombre y tributan, en consecuencia, en módulos, el alcance de la sanción sería de 4001 euros por servicio, tanto para el socio como para la cooperativa.
Se trata de una infracción muy grave de la normativa de transportes que implicaría además pérdida de la honorabilidad y de las autorizaciones de transporte.
