La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad acaba de hacer público el informe referente a la “cultura de pago” de las empresas y administraciones españolas y solo podemos decir una cosa: el panorama sigue siendo desalentador.
El “Informe sobre la morosidad 2014” elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha puesto de manifiesto, una vez más, que los avances que se hacen en la cultura de plazos de pago son demasiado lentos:
- En 2014 el 70% de los proveedores (en nuestro caso el transportista que presta el servicio) tuvo contratos o acuerdos con sus clientes (ya sean cargadores, operadores, transportistas,…) en los que se les imponía plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley (cuando el pagador es particular, si es una administración el plazo son 30 días).
- Un 85% de esos proveedores (transportistas finales) nunca exigieron intereses de demora a sus clientes morosos. Esto puede deberse a dos cosas: miedo o ignorancia, parece que más bien lo primero ya que un 77% de las empresas encuestadas afirman conocer su derecho a exigir intereses de demora, pero no deja de sorprender que todavía un 23% de las empresas ignoren que tienen este derecho.
- De las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis, se estima que la morosidad es la culpable en un tercio de esas quiebras.
Si atendemos a los plazos de pago, los resultados manifiestan que ha habido un ligero aumento de los plazos de pago entre empresas, un 5%, y se ha pasado de 85 días de media en 2013 a 89 en 2014 (frente a los 60 días que marca la Ley). En el sector público, sin embargo, la tendencia es al contrario y aunque tiene todavía mucho margen de mejora, siguen disminuyendo los plazos de pago medios pasando de 111 días en 2013 a 82 días en 2014, una mejora del 26%.
Teniendo claro, como se tiene, que no solo hace falta mejorar la cultura empresarial en general y de plazos de pago en particular en este país sino además establecer un régimen sancionador que sea coercitivo contra todos los que abusan de esta mala práctica empresarial, no se entiende que el Gobierno que se comprometió en su día a hacerlo haya dado marcha atrás, tire balones fuera y mire hacia otro lado, cuando el sector empresarial en su conjunto le reclama el establecimiento de un castigo para el incumplidor.
Un 94% de las empresas encuestadas por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad están a favor de la imposición de un Régimen Sancionador como medida que pueda reducir e incluso acabar con la morosidad empresarial.
