Como continuación de la Operación Pantaco que se abrió a finales de 2020, la Guardia Civil ha detenido a 26 transportistas por manipulación del tacógrafo.
Como os informamos en este podcast que grabamos con Fernando Ropero, miembro de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en relación con la manipulación del tacógrafo, la Operación Pantaco se inició en 2020 y concluyó en su primera fase a finales del mismo año con 38 personas investigadas por manipular y comercializar tacógrafos digitales manipulados.
Ahora, esta misma semana, en la segunda fase de la Operación Pantaco la Guardia Civil ha informado de la detención de 26 transportistas por la utilización de dichos tacógrafos manipulados.
Para llegar a estos 26 transportistas, ha sido decisiva toda la documentación incautada a los 38 investigados de la primera fase de dicha operación. Las detenciones se han realizado en varias provincias: Murcia, Alicante, Valencia, Cantabria, Ciudad Real, Huelva y Córdoba.
La manipulación llevada a cabo por este grupo consistía en una sofisticada manipulación del software del tacógrafo digital con lo que no se registraban los kilómetros reales recorridos ni las horas conducidas o descansadas. De esta forma, durante la inspección, el agente de la Guardia Civil lo que obtiene «es un documento que induce a error sobre su autenticidad al reflejar datos falsos y distintos de los reales».
El resultado falseado así obtenido incluye información sobre tiempos de conducción, descanso, tiempo de disponibilidad, otros trabajos o kilómetros recorridos que no se corresponden con la realidad, ya que el objetivo es incrementar estas horas de conducción sobre las legalmente permitidas. Como recuerdan los responsables de la Guardia Civil, esto no solo es un peligro para la seguridad vial en carretera si no que ejercen una competencia desleal que solo sirve para distorsionar el mercado de transporte.
La manipulación del tacógrafo es un delito de falsificación en documento oficial, como bien nos explica Fernando Ropero en este podcast, pero además, abre puertas a otras investigaciones en la empresa, como la posibilidad de investigar posibles delitos contra los derechos de los trabajadores.
En la actualidad, esta investigación sigue abierta en los correspondientes Juzgados de Instrucción y no se descartan detenciones posteriores.
