Cuatro meses le ha llevado a la Guardia Civil poner a disposición de la Autoridad Judicial competente las investigaciones llevadas a cabo en Huelva en relación con la manipulación de un tacógrafo. Como sabéis, la manipulación del tacógrafo es un delito de falsedad de documentación oficial constitutiva de un delito penal castigado con penas de prisión de entre seis meses y tres años.
En enero de este año, el Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Écija (Sevilla) detectó la manipulación de un tacógrafo en un vehículo de una empresa de transportes de Huelva: se detecta un tacógrafo manipulado para falsear los datos electrónicos de los registros oficiales.
Los Agentes de la Guardia Civil llevaron el vehículo a un taller para proceder a desmontar esta manipulación a la vez que se informó al Subsector de Tráfico de Huelva. A partir de ahí, la investigación se lleva a cabo por el Grupo de Investigación y Análisis (GIAT).
Han sido cuatro meses de investigación en los que se ha podido demostrar la complicidad del conductor, quien tiene que desactivar el registro electrónico del tacógrafo con un mando a distancia con lo que se falsean los datos de tiempos de conducción, descanso y velocidad del vehículo, permitiéndole conducir más horas de las permitidas, reducir los descansos y circular a más de 90 km/h.
Además, el GIAT ha podido implicar también al taller que llevó a cabo la manipulación del tacógrafo, por petición de la empresa de transporte.
Es decir, ya no solo se trata de un problema de competencia desleal, sino que se convierte en un auténtico problema para la seguridad vial. La desactivación del tacógrafo, no solo permite al vehículo superar los 90 km/h sin que quede constancia, sino que desactiva sistemas de seguridad activa como el ABS, ESP o los sistemas de tracción TCS, ASR, EDS o EBS. Es por esto que la Fiscalía de Seguridad Vial decidió considerar la manipulación del tacógrafo como un delito penal por falseamiento de documentación oficial.
Ahora, este Grupo de Investigación de la Guardia Civil ha puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente los resultados de esta investigación para que determine si se trata de un delito penal y como tal tiene que ser castigado (con penas de cárcel de hasta tres años más multa) o se queda en una infracción muy grave de la normativa de transporte (con multa de 4001 euros más posible pérdida de la honorabilidad).
